Brasilia, 8 mar (EFE).- El ministro brasileño de Seguridad Pública, Raúl Jungmann, le pidió hoy a la Corte Suprema que establezca cuál es la dosis mínima de drogas que un usuario puede portar para que no se le considere un narcotraficante y evite su reclusión en el ya hacinado sistema presidiario del país.
La petición fue hecha en la reunión que Jungmann, primer titular del ministerio creado el mes pasado por el Gobierno brasileño, tuvo con la presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF), magistrada Carmen Lucia Antunes.
En declaraciones que concedió a periodistas tras el encuentro, el ministro dijo que solicitó formalmente que la Corte Suprema ponga en votación un recurso presentado hace más de dos años en el que se le pide un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la ley que penaliza el consumo de drogas.
"Es necesario un criterio más claro para diferenciar narcotraficante de usuario. Esa distinción tiene que basarse en una cantidad (de drogas) que separe uno del otro", afirmó el ministro, que comandaba la cartera de Defensa antes de asumir la de Seguridad Pública.
Jungmann agregó que una decisión del Supremo puede ayudar a reducir el hacinamiento en las cárceles de Brasil, que están llenas de usuarios sin antecedentes criminales acusados de pequeñas infracciones.
"Si seguimos recluyéndolos a todos, estaremos entregándole legiones al crimen organizado", dijo el ministro al dar a entender que muchos de esos presos terminan reclutados por bandas criminales.
El ministro recordó que el Congreso aprobó en 2006 una Legislación Antidrogas que penaliza el porte de drogas para uso personal y que una demanda que puso en tela de juicio la constitucionalidad de esta norma ya recibió el respaldo de tres de los once magistrados de la Corte Suprema, lo que permite pensar en que el consumo pueda ser despenalizado por el máximo tribunal.
Agregó que, además de pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley que penaliza el consumo, la Corte tiene que definir la dosis mínima considerada legal, para que la aplicación de la norma no quede al criterio arbitrario de policías y jueces.
"Solicité que ese asunto pueda ser incluido en la pauta de votaciones (del Supremo) lo más rápido posible", afirmó.
El juicio que puede despenalizar el porte de drogas está paralizado desde que un magistrado pidió más tiempo para analizar el asunto y cuando tres de los miembros del máximo tribunal ya se habían pronunciado a favor de la legalización.
Según Jungmann, el magistrado Alexandre de Moraes, que tiene paralizado el proceso, le garantizó que divulgará en breve su decisión para que los otros magistrados puedan seguir votando.
El magistrado Luis Roberto Barroso, uno de los que votó a favor de la despenalización del consumo, sugirió en su voto que tan sólo sean considerados como narcotraficantes los portadores de más de 25 gramos, en el caso específico de la marihuana.
En su opinión, el consumo para fines recreativos en ambientes privados sin que cause daños a terceros debe ser permitido como una forma de acabar con el monopolio en la distribución de las drogas que garantiza el poder de los narcotraficantes.
Barroso también defendió que, mientras rige la actual legislación, los consumidores sin antecedentes penales sean sancionados con penas alternativas como la prestación de servicios a la comunidad y no con su encarcelamiento.
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