El informe del Grupo de Estados Contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) del Consejo de Europa exige mayor transparencia y cambios en los criterios de elección de los miembros del Poder Judicial y un código de conducta para los parlamentarios.
El Consejo de Europa insiste en la mejora de los mecanismos de transparencia y de lucha contra la corrupción en España.
En concreto, el nuevo informe Greco asegura que España no cumple con sus recomendaciones de adoptar un código de conducta para los parlamentarios y fijar "criterios objetivos" para la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Del total de once recomendaciones del Greco, el informe apunta que España cumple "de forma parcial" siete, mientras que las otras cuatro considera que nos las ha cumplido. Fuentes del Ministerio de Justicia señalan que España se encuentra en la media de los países de su entorno, aunque es difícil establecer una clasificación porque las recomendaciones varían en función del país.
En cualquier caso, las mismas fuentes de Justicia manifiestan el compromiso del Gobierno en la lucha contra la corrupción y han anunciado que volverán a presentar un informe ante el Greco con las nuevas medidas que prevé aprobar durante 2018. Además reconocen su "frustración" porque el informe no concreta sus recomendaciones.
Además, el informe pide una revisión del sistema de supervisión y control de las declaraciones y demás normas de conducta de los parlamentarios. El documento destaca que, aunque todos los parlamentarios publican su declaración de bienes, ésta no incluye datos como los tipos de interés de los créditos que tienen contratados con bancos o el valor de su automóvil.
El informe Greco subraya la alta calidad de la judicatura y el Ministerio Fiscal en España y celebra el proceso de reflexión en curso para emitir una estrategia nacional de justicia y para aumentar la independencia y la eficiencia del poder judicial, incluidos los cambios en los sistemas de nombramiento de sus órganos rectores y altos funcionarios de rango. Destaca que se ha adoptado un código de conducta y se ha creado una Comisión de Ética Judicial con un papel consultivo, aunque todavía no ha comenzado a funcionar.
Por otra parte, en relación a los jueces, el Consejo de Europa pide que se amplíe el periodo de caducidad de los procedimientos disciplinarios. En España, este periodo se sitúa en los seis meses, mientras que en otros países son doce.
En cuanto al Ministerio Fiscal, el Greco valora positivamente la existencia de un borrador de código ético para los fiscales, pero queda a la espera de su aprobación definitiva. Además, considera necesario que exista un procedimiento específico para los procesos disciplinarios relativos a los miembros del Ministerio Fiscal.
Otro de los puntos más destacados por el Greco es el de los lobbies. El informe valora de manera positiva la iniciativa dirigida a establecer un registro de lobbies.
Este registro lo creó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 2016. Sin embargo, el Greco apunta que "es demasiado pronto para anticipar si la propuesta de regular las relaciones de los parlamentarios con los lobbistas será adoptada durante la presente legislatura".
España está inmersa en la cuarta ronda de evaluación del Greco. Las tres primeras fueron superadas. Sin embargo, en el informe que se presentó, sobre la cuarta ronda el año pasado, el Consejo de Europa suspendió a las Cortes Generales, al Poder Judicial y a la Fiscalía en el cumplimiento de sus recomendaciones para combatir la corrupción.
La evaluación criticó con dureza la falta de progreso en medidas de transparencia y prevención de prácticas irregulares en las tres instituciones, y califica de "globalmente insatisfactorios" los resultados obtenidos.
Ahora, con este segundo informe, España ha pasado de cumplir de manera parcial cinco recomendaciones a siete, lo que supone una mejora para el Ministerio de Justicia. "No somos los mejores, pero tampoco somos los peores", aseguran desde el Ministerio.
El Greco pide a las autoridades españolas que informen sobre la implementación de las recomendaciones antes del 31 de diciembre de 2018.
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