El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha presidido la firma del memorando de entendimiento entre la Cámara de Comercio de España, la madrileña y la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (Cima). El acuerdo es el primer paso para unificar las tres cortes de arbitraje con sede en Madrid y crear una sóla institución de carácter internacional, que atraiga a los procedimientos que históricamente se han desarrollado en ciudades como París, Londres o Nueva York.
"Todos queremos que España sea un centro atractivo para los arbitrajes internacionales", ha manifestado el ministro Catalá después de la firma del documento por parte de los presidentes de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet; de la madrileña, Juan López-Belmonte, y de Cima, Juan Serrada. Rafael Catalá ha destacado la "generosidad" de las tres instituciones arbitrales y ha alabado su "superación de las típicas diferencias para realizar un esfuerzo conjunto".
La operación busca la creación de una gran plaza arbitral que compita con las principales de otros lugares del mundo para conseguir más procesos. "El Brexit es una oportunidad muy buena para conseguir este escenario", ha apuntado el ministro de Justicia. En este sentido, los presidentes de las cortes de arbitraje madrileñas recuerdan la posición estratégica de España para convertirse en una alternativa a Londres. Además del mercado europeo, los especialistas señalan que Madrid juega con ventaja, también, en el mercado arbitral latinoaméricano.
Hasta ahora las tres entidades competían entre sí en el mercado del arbitraje internacional. Esa pluralidad institucional ha dificultado que los operadores económicos internacionales considerasen al sistema arbitral español como un referente. Una situación que contrasta, además, con la unidad institucional existente en las principales plazas arbitrales del mundo.
Los procedimientos arbitrales han cobrado relevancia en españa en los últimos años. La Ley de Arbitraje de 2003, basada en la Ley Modelo Uncitral, estableció un régimen jurídico muy favorable para estos procedimientos de resolución de conflictos. Además, España cuenta con una infraestructura judicial de apoyo y control del arbitraje, concebida para dotar de mayor uniformidad a las pautas de decisión judicial en materia arbitral y garantizar una mayor seguridad jurídica. Sin embargo, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se mostró ayer abierto a "escuchar propuestas" de los operadores para una reforma de la Ley de Arbitraje de 2003. Aunque el ministro subrayó que el actual texto "ha traído años muy fructíferos", insistió en que "estoy a disposición de los profesionales para abordar una reflexión sobre la conveniencia o no de su modificación".
Las tres entidades firmantes del memorando no son las únicas cortes de arbitraje existentes en España. Por ello, entre los extremos que se someten a negociación se incluye expresamente las formas de posible integración de otras cortes de arbitraje, particularmente de aquellas que en la actualidad se encuentran vinculadas a las Cámaras de Comercio.
La situación española contrasta con la unidad institucional de las principales plazas arbitrales del mundo. En Francia, existe la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional; en Suiza, la Institución de Arbitraje de las Cámaras Suizas; en Reino Unido, la Corte de Arbitraje Internacional de Londres y en Estados Unidos, el Centro Internacional para la Resolución de Disputas, división internacional de la Asociación Americana de Arbitraje.
