Buenos Aires, 17 oct (EFE).- La Cámara Federal de Buenos Aires ordenó hoy a un juez que pida de forma inmediata el retiro de los fueros del diputado Julio de Vido y ordene su detención en una causa en la que se le investiga por el presunto desvío de fondos públicos mientras era ministro de Planificación Federal (2003-2015).
Según informó la agencia estatal Télam, la Cámara se dirigió así al magistrado Luis Rodríguez, quien está a cargo de la causa en la que se investiga a De Vido y otros exfuncionarios del kirchnerismo por un presunto fraude multimillonario en un proyecto minero en Río Turbio, en la sureña provincia de Santa Cruz, que nunca se llevó a cabo.
Los fondos objeto de investigación estaban destinados a reconvertir la mina y a la construcción de un tren que costó 400 millones de pesos (22,7 millones de dólares, al cambio actual).
Se investigan también presuntas irregularidades en las comisiones cobradas por la Universidad Tecnológica Nacional y la de Santa Cruz por obras que les fueron cedidas.
Por este caso, hace un mes, Rodríguez citó a unas 37 personas, por lo que, según informaron fuentes jurídicas, De Vido deberá comparecer el 28 de noviembre próximo en los tribunales federales de Buenos Aires.
El magistrado dispuso además la prohibición de salir del país para el legislador y el resto de imputados, entre ellos el exsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta y el exsecretario de Minería de la Nación entre 2002 y 2015, Jorge Mayoral.
A principios de julio, el fiscal Carlos Stornelli ya pidió que el exministro fuera desprendido de sus fueros como legislador para poder ser detenido por ese caso, algo que finalmente no se concretó porque la iniciativa no contó con los votos suficientes en el Congreso.
Ahora, tras la orden judicial, el magistrado deberá dirigirse a la Cámara de Diputados para que vote nuevamente el posible desafuero del exministro.
Además de este caso, De Vido tiene múltiples procesos abiertos por la Justicia, como la supuesta adjudicación de obras públicas a empresarios afines hasta su responsabilidad en un accidente de tren ocurrido en la ciudad de Buenos Aires en 2012, que dejó medio centenar de muertos.