Buenos Aires, 25 ago (EFE).- Amnistía Internacional (AI) y otras asociaciones denunciaron hoy a Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después de que la diputada argentina del Parlasur Milagro Sala no haya sido puesta todavía en prisión domiciliaria, como dictaminó el organismo.
En un comunicado, AI, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) censuraron que Sala continúe en prisión preventiva, cuando el plazo para la disposición de la CIDH expiraba el pasado 11 de agosto.
El organismo, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), había ordenado el 28 de julio a Argentina medidas alternativas a su detención, como el arresto domiciliario o la fiscalización electrónica.
Después del pronunciamiento de la CIDH, el Gobierno argentino dijo respetar tanto a la CIDH como a la Justicia provincial, y evitó emprender ninguna acción, ya que, como ha sostenido en repetidas ocasiones, defiende la independencia de los poderes.
Mientras tanto, el Juzgado de Control en lo Penal número 3 de la provincia norteña de Jujuy, a cargo de Gastón Mercau, otorgó el 16 de agosto la prisión preventiva a la líder del movimiento social Tupac Amaru.
No obstante, varias organizaciones y activistas denunciaron con mensajes e imágenes publicadas en las redes sociales que el domicilio al que debería ser trasladada la dirigente social está totalmente inhabitable porque fue atacado y destruido, por lo que el juez aplazó la medida hasta que se acondicionase la vivienda.
AI y el resto de organizaciones denunciantes criticaron en este sentido el lugar elegido por la Justicia para la prisión domiciliaria de Sala, ya que "carecía de agua corriente y luz eléctrica y que no cuenta con ventanas ni sanitarios".
Asimismo, protestaron por las restricciones impuestas a Sala y que "vulneran sus derechos", como el límite "sin justificación" de personas que podrían visitarla o el tiempo en que podrían hacerlo.
Otra de las quejas de las organizaciones que defienden a la activista fue la encomienda de su custodia a la Gendarmería.
Sala encabeza la organización barrial Tupac Amaru, un movimiento nacido en 1999 con objetivos como construir casas, escuelas, centros de salud y pequeñas empresas para los más desfavorecidos en la zona norte de Argentina -la más pobre del país- a través de donaciones y ayudas concedidas por el Estado.
La también diputada del Parlasur por el kirchnerista Frente para la Victoria fue detenida el 16 de enero de 2016 por instigación, tumulto y sedición, entre otros cargos, durante una protesta social organizada por Tupac Amaru en esa región.
Trece días después, un juez provincial ordenó su excarcelación, pero, en contra de esa decisión, Sala permaneció detenida preventivamente por una causa abierta el día anterior en la que se le imputaron delitos de defraudación a la administración pública, extorsión y asociación ilícita.