Buenos Aires, 23 ago (EFE).- La Justicia de la provincia norteña de Jujuy notificó a la activista y diputada argentina del Parlasur Milagro Sala la apertura de un nuevo juicio oral contra ella por supuestamente haber amenazado con colocar una bomba en una comisaría de una localidad de la zona, informaron hoy fuentes judiciales.
El juez Antonio Llermanos citó a Sala para que declare en calidad de acusada durante las audiencias públicas por esta causa, que se celebrarán entre el 6 y el 15 de septiembre, según indicaron fuentes de la defensa de la activista, detenida en prisión preventiva desde enero de 2016.
La causa por la que fue citada, conocida como "El caso de las bombachas (bragas)" se inició en 2014 a raíz de la denuncia de la comisaria de la localidad de Alto Comedero, Ángela Cabrero, quien aseguró que la dirigente social la amenazó telefónicamente con colocar una bomba en las dependencias policiales.
Según las fuentes consultadas por Efe, ese año, la hija de una integrante de Tupac Amaru, la organización que lidera Sala, se topó con un puesto ambulante que vendía ropa interior que, según denunciaba, le habían robado a su madre días atrás, por lo que llamó a la Policía, que la detuvo a ella y a la dueña del establecimiento callejero.
Al parecer, los agentes soltaron a la acusada a los pocos minutos, pero retuvieron a María Belén Vargas, la hija de la activista que denunció el robo, por lo que Sala llamó y profirió amenazas contra la Policía para exigir su liberación y la devolución de la ropa sustraída.
Sala encabeza la organización barrial Tupac Amaru, un movimiento nacido en 1999 con objetivos como construir casas, escuelas, centros de salud y pequeñas empresas para los más desfavorecidos en la zona norte de Argentina -la más pobre del país- a través de donaciones y ayudas concedidas por el Estado.
La activista permanece en prisión preventiva desde enero de 2016 acusada de delitos de defraudación a la administración pública, extorsión o asociación ilícita, pero su detención es muy cuestionada por agrupaciones políticas de la oposición y organismos internacionales, que la consideran una presa política.