Sevilla, 2 ago (EFE).- El exconsejero andaluz de Trabajo Antonio Fernández será juzgado solo una vez en el caso de los ERE, en la denominada pieza política, y no en decenas de ocasiones, una por cada ayuda que aprobó para las empresas en crisis, según recoge una resolución de la Audiencia de Sevilla a la que ha tenido acceso Efe.
La decisión de la sección séptima de la Audiencia de Sevilla de limitar los juicios a Fernández se ha producido tras un recurso presentado por su inclusión como investigado -antes imputado- en la pieza relativa a la ayuda pública de 2,3 millones de euros concedida entre 2006 y 2010 para extinguir 26 empleos de la empresa Surcolor.
Tras ese recurso, presentado en noviembre del 2016, la Audiencia ha resuelto ahora que el exconsejero ya será enjuiciado por todas las ayudas concedidas a través del procedimiento específico creado por la Junta de Andalucía, un asunto cuyo juicio comenzará el 13 de diciembre contra 22 ex altos cargos acusados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Por ello, entiende la Audiencia que existe una "identidad de hechos" entre las ayudas concedidas en el procedimiento específico, también conocido como el de la pieza política de los ERE, y la ayuda a Surcolor.
Eso provoca, añade la Audiencia, que se produzca "una duplicidad de procesos sobre los mismos hechos" respecto a Fernández y que, por tanto, se le excluya del procedimiento de Surcolor porque el de la pieza política ya recoge todas las ayudas concedidas presuntamente de forma delictiva.
Hasta ahora, la Audiencia de Sevilla se había pronunciado en el mismo sentido respecto a Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano, dos ex directores generales de la empresa pública Idea, que pagaba las ayudas, aunque no lo había hecho respecto a ningún consejero del Gobierno andaluz.
La sección tercera de la Audiencia de Sevilla está pendiente de fijar la fecha para el juicio por la ayuda de la Junta de Andalucía a Surcolor.
En esta pieza están procesados, además de Fernández, otros cinco ex cargos públicos de la Junta de Andalucía; dos propietarios de la empresa; dos directivos de Vitalia, un representante sindical y un miembro de Estudios Jurídicos Villasís.
La Fiscalía Anticorrupción pide ocho años de cárcel para Fernández por esta ayuda por los delitos de prevaricación y malversación, mientras que en la pieza política le solicita la misma pena y le reclama 741 millones de euros, el montante de las ayudas que habría aprobado.
Tras la exclusión de Fernández de Surcolor, su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, ha mostrado a Efe su "satisfacción" por la decisión adoptada por la Audiencia para que "nadie puede ser investigado, acusado y enjuiciado dos veces por los mismos hechos".
Además, el abogado ha dicho que esa exclusión supone "introducir una cierta racionalidad y posibilita la pura viabilidad del panorama de señalamientos y celebración de juicios de la Audiencia Provincial de Sevilla, que en otro caso hubiera quedado gravemente comprometido para los próximos años".
