Los grupos parlamentarios de la Oposición reclamaron ayer, nada más conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba la amnistía fiscal, la presencia del ministro Cristóbal Montoro en el Congreso de los Diputados para
El Grupo Parlamentario Socialista exigía ayer la dimisión "inmediata" del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.
El portavoz económico del PSOE, Pedro Saura, reclamó la comparecencia urgente en el Congreso de Montoro para que informe de "las responsabilidades políticas que piensa asumir" ante esta sentencia que declara inconstitucional la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012.
Los diputados de Ciudadanos, por su parte, solicitaron ayer a la Mesa del Congreso la comparecencia del ministro de Hacienda para que explique "el motivo que llevó al Gobierno del PP a aprobar una amnistía fiscal declarada inconstitucional por el TC".
Francisco de la Torre, parlamentario de esta formación, señalaba ayer que "los inspectores de Hacienda ya le dijimos a Montoro que la regulación de la amnistía era inconstitucional por ser una norma injusta y por ser una auténtica chapuza como norma". Además, se lamentó de que hayan pasado ya cinco años, con lo que las liquidaciones realizadas en 2012 ya son firmes y no se pueden revisar. "Ciudadanos reclamó la revisión de los expedientes de la amnistía fiscal, tanto en el acuerdo con el PSOE como con el posterior alcanzado con el PP".
Unidos Podemos también pedía ayer la dimisión de Montoro, tras la anulación. Una decisión que, a su parecer, supone un nuevo motivo para la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Por ello, han reclamado la comparecencia del ministro en el Congreso.
La dirigente de Podemos y portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha afirmado que sumando "todas las dimisiones que debe hacer el Gobierno, sale una moción de censura". "Montoro debe dimitir", ha sentenciado también en un mensaje en Twitter.
Convalidada por el Congreso
Finalmente, destacar que el abogado Juan Alberto Urrengoechea Salazar, socio de Roca Junyent y especialista en Derecho Tributario, considera que "no hay que olvidar que todo Decreto-ley ha de ser convalidado por el Parlamento en 30 días, lo que ocurrió en este caso el 12 de abril de 2012.
Además, todo apunta a que la inconstitucionalidad, y por tanto, la nulidad del Decreto-ley 12/2012, carecería de efectos prácticos relevantes, toda vez que su vigencia fue muy limitada en el tiempo -es decir, desde su promulgación el 30 de marzo hasta su convalidación operada el 12 de abril de 2012-. Y su vigencia habría sido reemplazada por la norma de sustitución, entendida ésta como la convalidación en sede parlamentaria. Y a dicha norma de convalidación no le afectaría la prohibición constitucional del artículo 86.1 CE".
