La Paz, 17 may (EFE).- Un juzgado boliviano decretó hoy un intermedio de horas en la audiencia que juzga a la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, para quien la fiscalía pide diez años de cárcel por un presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, informaron fuentes judiciales.
El intermedio se debe a la ausencia de otra de las acusadas por el mismo caso, Cristina Choque, una exfuncionaria del Ministerio de Presidencia que presuntamente seria cómplice de Zapata y no pudo ser trasladada desde la cárcel para mujeres de Miraflores por problemas logísticos relacionados con un paro de transportes en la ciudad.
El juicio entra hoy en fase de alegatos, lo que quiere decir que el Ministerio Público y las defensas deben exponer sus últimos argumentos antes de que el juez, Iván Perales, dicte sentencia.
La decisión definitiva podría darse esta misma noche o en los próximos días de vista, pero no más tarde de la semana que viene.
El fiscal Daniel Ayala ratificó hoy ante la prensa que pedirá la máxima pena para el delito de legitimación de ganancias ilícitas, que es de diez años.
El abogado de Zapata, Jorge Tamayo, dijo que esa petición aún no es oficial y en cualquier caso confió en que "los instrumentos de justicia" están de parte de su acusada.
Además, de legitimación de ganancias ilícitas, el juez Perales juzga los posibles delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegitimas y uso indebido de bienes y servicios públicos.
Zapata, que fue novia de Morales entre el 2005 y 2007, está detenida desde febrero del año pasado, tras haber sido acusada por el propio Gobierno de haber usado oficinas del ministerio de la Presidencia para hacer tratos ilegales con empresarios.
Según la Fiscalía, durante el juicio la acusada ha sido incapaz de explicar cómo consiguió acumular un patrimonio de dos millones de dólares.
Zapata trabajó como gerente comercial para la empresa estatal china Camce, una firma que se adjudicó varios contratos para construir obras de parte del Estado boliviano por 566 millones de dólares.
En principio, la oposición denunció un supuesto tráfico de influencias vinculado al presidente Morales, pero él siempre ha rechazado la acusación y el Parlamento, controlado por su partido, concluyó en una investigación que no hubo ese delito en concreto.
Junto a Zapata, además de Choque, también está acusado el exfuncionario Jimmy Morales, otro supuesto cómplice de Zapata.
Según la versión oficialista, los altos cargos nunca se enteraron de las irregularidades en las oficinas del ministerio de la Presidencia, que usaba Zapata para sus negociaciones.