La Paz, 17 mar (EFE).- El juicio oral contra la expareja del presidente boliviano, Evo Morales, y exgerente comercial de la empresa estatal china Camce, Gabriela Zapata, por supuestos delitos económicos comenzó hoy en un juzgado anticorrupción de La Paz.
La audiencia inició con la lectura de la acusación por parte de los fiscales Daniel Ayala y Juan Carlos Soria por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegitimas, y uso indebido de bienes y servicios públicos, constató Efe.
Zapata, quien desde hace más de un año está detenida en el penal de Miraflores de La Paz, llegó a los juzgados en un vehículo policial escoltada por varios agentes armados.
La mujer, quien fue novia de Morales entre el 2005 y 2007, fue acusada por el Gobierno de ser parte de una organización criminal al haber usado oficinas del Ministerio de la Presidencia para hacer negociaciones con empresarios a cambio de comisiones ilegales.
El Gobierno ha señalado siempre que Zapata tenía dos funcionarios cómplices en esas oficinas para hacer negociaciones, pero que las autoridades de alto rango nunca se enteraron de las mismas.
La oposición también la acusó de haber hecho un supuesto uso de influencias para beneficiar a la empresa Camce con contratos millonarios con el Estado, pero una comisión del Parlamento descartó esas denuncias y eximió de cualquier sospecha a Morales.
La acusación presentada hoy por los fiscales incluye a los exfuncionarios y supuestos cómplices de Zapata, Cristina Choque y Jimmy Morales, quienes trabajaban en la Unidad Social del Ministerio de la Presidencia, una oficina que era usada por las primeras damas.
Choque dirigía esa institución y Jimmy Morales era su chófer, quien está investigado por haber depositado 30.000 dólares en una cuenta de Zapata.
Otros acusados son dos socios de Zapata, Ricardo Abelardo Alegría y Carlo Marvin Ramírez, quienes enfrentan, entre otros cargos, la denuncia de asociación delictiva, incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes y servicios públicos en grado de complicidad.
El abogado Walter Zuleta, uno de los que defendió a Zapata en un juicio que inició Morales el año pasado, fue declarado hoy en rebeldía tras huir del país y se le atribuye haber organizado la entrega de 50.000 dólares a Zapata en una oficina del Ministerio de la Presidencia.
Zapata está también imputada en otro proceso por supuesta trata de personas, por impedir o estorbar el ejercicio de funciones, engaño a personas incapaces y asociación delictiva, a propósito de haber sido parte de un montaje para hacer creer en un juzgado que existía un hijo suyo y del mandatario, que nació en 2007.
En unas declaraciones recientes a un canal de televisión desde la prisión, Zapata afirmó que ese niño nunca nació, desdiciéndose de otros dichos en sentido de que el menor si existía y de su afirmación de que el menor sí nació, pero murió por enfermedad.
Morales, quien enjuició a Zapata el año pasado para exigirle que pruebe la existencia del supuesto menor, ha atribuido varias veces a esas mentiras su derrota en el referendo de febrero de 2016, cuando la población rechazó que se modifique la Constitución para permitir que vuelva a ser candidato en 2019.
Con ese argumento, Morales considera que ese resultado no es válido y ha anunciado que, de todas formas, intentará postular nuevamente a la Presidencia para el período 2020-2025, por lo que su partido analiza opciones para legalizar esa posibilidad.
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