La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en sentencia de 27 de marzo de 2017, ha rebajado de cuatro a dos años de prisión la pena impuesta a un detective privado por un delito de revelación de secretos al considerar que, aunque pagó por informes médicos de particulares, no se ha probado que actuara con ánimo de lucro.
El ponente, el magistrado Del Moral García, indica que el hecho de que el acusado cobrase por los informes que preparaba para una aseguradora no es suficiente para aplicar el tipo agravado por ánimo de lucro. Considera el magistrado, que para ello sería preciso que existiese un pago concreto determinado directamente anudado a esa conducta ilícita y no solo el cobro de honorarios.
