Si a uno le preguntan por los mayores acontecimientos jurídicos de los últimos meses, lo primero que se le ocurre son los recientes fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A falta del pánfilo legislador, es la jurisprudencia que llega de Luxemburgo la que marca ya el ritmo normativo, lo que ya aplican los tribunales españoles y lo que ya estudian los abogados para ganar los pleitos de sus defendidos.
De allí vienen ahora todas las novedades mercantiles y civiles. Una suerte de fallos que, abanderando una defensa de los derechos de los consumidores, agitan los cimientos del Ordenamiento español.
Son ya demasiados los asuntos resueltos por aquel Tribunal que afectan, de manera particular, a la relación de los bancos con sus clientes. Entre tanto, el legislador español no se da por enterado. Los remiendos legislativos pendientes para garantizar una seguridad jurídica en torno al contrato más importante de la vida de un ciudadano cualquiera, el de su hipoteca, siguen sin salir del costurero.
Mientras los políticos se ocupan de otros asuntos, los jueces europeos apartan su función de tutela en el cumplimiento de la normativa, para gobernar ahora el mercado hipotecario español. Puede, incluso, que con cierto atino. Quién sabe. Sin embargo, no es éste el trabajo de ningún juez.
Lo que necesitan sus señorías, los abogados, los clientes y las entidades de crédito son normas claras y actualizadas, que articulen las leyes con la misma precisión de los engranajes de un reloj no suizo, en este caso. Se pide, desde todas partes, lo que alguno denominaría seguridad jurídica, y otro apodaría como reglas de juego.
Esos deberían ser los estímulos económicos que tanto pregonan algunos políticos. No hay mejor incentivo para que el crédito fluya que unas leyes fuertes y bien engrasadas que alivien la fatiga de la actual normativa crediticia española.
Algo que, aunque alguno no lo crea, es compatible con los criterios europeos y con proteger más al consumidor. En realidad, no puede ser de otra forma. No ya por imperativo del Derecho europeo, sino porque sería uno muy fanático si no reconociera que ha sido el comportamiento de los bancos lo que ha llevado a esta situación.
Es cierto que el país viene de un periodo peculiar. Ha estado casi un año sin Gobierno, lo que ha impedido adaptar las nuevas exigencias de la Unión Europea en varios ámbitos del Derecho español. Ya ha costado alguna irritación en las Instituciones europeas.
Quién iba a decirle a uno que para cumplir con Bruselas había que obedecer también en el plano legislativo. Que no basta con asentir y acatar el famoso déficit.
Son unos mínimos. Unos mínimos legales que España ha decidido reconocer al incorporarse a este proyecto europeo. Ahora, es la Unión la que señala hacia dónde debe apuntarse en una nueva ley hipotecaria.
Tampoco es ahora más fácil. Europa puede decirlo más claro. Sin embargo, no más alto. Porque cada vez que el Tribunal de Luxemburgo decide sobre las 'cláusulas suelo' o el vencimiento anticipado, grita. Y aquí, de momento, el Parlamento está sordo.