Sexto año de los ERE y ningún juicio a la vista

Sevilla, 18 ene (EFE).- El caso de los ERE de Andalucía cumple mañana su sexto año de instrucción sin que todavía se haya fijado ningún juicio por una causa que acumula más de cien acusados, entre ellos los expresidentes socialistas andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El 19 de enero de 2011, la entonces titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, abrió una causa que fue ampliando hasta culminar con la imputación de los dos expresidentes, que gobernaron en Andalucía entre 1990 y 2013, primero Chaves durante 19 años y su sucesor otros cuatro años.

Además de los expresidentes, en este caso están procesados seis exconsejeros del Gobierno andaluz junto a otro centenar de acusados, una cifra menor a la de hace un año tras las prescripciones acordadas por la sucesora de Alaya en el juzgado, María Núñez Bolaños, que asumió el juzgado en junio de 2015 y dio un giro radical al caso con su división de piezas.

Esta división, a la que siempre se opuso Alaya, que en 2015 se marchó por petición propia a la Audiencia de Sevilla, fue una petición de distintas partes que han intervenido en la causa, desde la Fiscalía Anticorrupción a la propia Audiencia.

La juez María Núñez explicó, tras su primer año en el juzgado, que desde su llegada al juzgado, por sorpresa, tenía claro que "lo fundamental era poner orden" y "organización" en el "gran trabajo" que supusieron esos casos, y que su "gran objetivo" fue "dividir, simplificar, tramitar y agilizar" las macrocausas para concluirlas.

De esas piezas, un juez de refuerzo que en diciembre dejó el juzgado, Álvaro Martín, dictó un auto de procesamiento en tres de ellas, una de las cuales es la denominada política o del procedimiento específico junto a las de dos ayudas a empresas en crisis, Surcolor y Acyco.

El procedimiento específico, que se aplicó entre los años 2000 y 2011, tenía por objeto "eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta de Andalucía", según el juez.

Con este procedimiento se repartieron de forma discrecional o arbitraria al menos 854,8 millones de euros para empresas en crisis, según recoge el auto de procesamiento.

En la pieza política están incluidos Chaves, Griñán, los seis consejeros y 18 acusados más, entre ellos directores generales de Trabajo y de Presupuestos así como un interventor general.

Esta pieza, previsiblemente, será la primera que se lleve a juicio, aunque para ello aún falta que se eleve la causa a la Audiencia de Sevilla, donde están pendientes de que se resuelvan los recursos presentados por los acusados.

Los cálculos de distintos operadores judiciales señalan que este juicio podría celebrarse a principios de 2018, aunque hay quien opina que se demorará más por la dificultad que entraña poner de acuerdo, para un juicio que se prevé largo, a los defensores de los 26 acusados de la pieza política.

En esta pieza, la Fiscalía Anticorrupción pide seis años de prisión y 30 de inhabilitación para Griñán por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación, una pena superior a la de su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, por su actuación cuando fue consejero de Hacienda.

Para Chaves, la Fiscalía pide diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

Además, la Fiscalía solicita ocho años de prisión para tres exconsejeros andaluces, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo, por el delito continuado de malversación, y seis años para otra exconsejera, Carmen Martínez Aguayo, por el mismo delito.

Los autores de la malversación, según la Fiscalía, deben responder solidariamente de la devolución a la Hacienda pública del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Consejería de Empleo entre los años 2000 y 2010, que según sus cálculos ascienden a 741.616.545 euros.