Los funcionarios reclaman el Estatuto del Directivo Público para profesionalizar la Administración.
"El Estatuto del Directivo Público es una de las reformas inaplazables en la Administración, porque es necesaria una frontera entre la alta política y la gestión administrativa, crear carreras profesionales para los funcionarios y acabar con los nombramientos basados únicamente en la confianza. Con ello tratamos de evitar la politización en la Administración", señala Jordi Solé Estalella, presidente de la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca).
Objetividad gubernamental
Solé recuerda que España, con una ratio del 84,6 por ciento, ocupa el lugar duodécimo de la Unión Europea en el ranking de objetividad gubernamental, elaborado por el Banco Mundial, muy alejado del 97,6 por ciento de Holanda o del 94,2 por ciento de Alemania y, en todo caso, por debajo de países como Francia o el Reino Unido. Italia y Grecia están muy por debajo en este ranking, lo que "no es un consuelo, porque no deben ser el ejemplo que debemos seguir".
Fedeca aspira a que el sistema de designación y la carrera administrativa entren en las agendas de Gobierno y partidos políticos.
La Federación acaba de realizar una jornada de análisis sobre la figura del directivo público, agrupa a 47 asociaciones profesionales, que representan a 15.000 funcionarios, la práctica totalidad del subgrupo A1 de la Administración Civil del Estado. Su fin último es la defensa de la profesionalización del directivo público en puestos como el de subsecretario, secretario general, director general o delegado del Gobierno, entidad que aglutina a 47 asociaciones profesionales de funcionarios públicos de cuerpos superiores, entre los que se incluyen los inspectores de Hacienda, Seguridad Social y Trabajo, abogados y técnicos superiores del Estado, etc.
En Fedeca se muestran partidarios de que el cargo de los directivos públicos se rija por el cumplimiento de objetivos y que su cumplimiento o incumplimiento sean los que marquen la continuidad o el cese en el cargo y no, como ocurre ahora, que sea de forma discrecional.
En la actualidad, en el seno de la Federación se ha creado una comisión para analizar las formas de designación de directivos públicos que existen en el ámbito comunitario. Algunos de los representantes de asociaciones profesionales asistentes a la jornada de Fedeca - celebrada el pasado lunes- se mostraron partidarios del sistema portugués, en el que se ha creado un ente autónomo, una especie de bolsa de trabajo, en la que constan todos los posibles candidatos a un puesto, de los que se selecciona una terna, que es propuesta para que se elija por quien deba nombrarlo al que considere más idóneo.
"Vamos a elaborar en las próximas semanas un modelo articulado, que acabe con el actual sistema de libre nombramiento y cese. Se trata de que exista una evaluación de la gestión de cada directivo público, que podría, incluso, depender el Parlamento, pero la evaluación realizada deberá ser técnica y no política, ya que de lo que se trata es de profesionalizar la Administración", afirma Jordi Solé.
Preocupa entre los altos funcionarios el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, que deja exentas de estar cubiertas por funcionarios a una decena de direcciones generales, entre las que se incluyen algunas tan significativas como la Dirección General de Tráfico.
Para el presidente de Fedeca, "en estos casos es preciso que el Gobierno justifique muy bien las razones por las que se aplica esta excepción. Una vez que se cubran las plazas podremos valorar con mayor seguridad si se trata de perfiles de gestión profesional del sector privado o se trata de perfiles meramente políticos", afirma Solé.
