Las compañías actualmente se plantean la necesidad de que las Administraciones Tributarias les garanticen una certeza regulatoria necesaria para poder hacer negocios y desarrollar su actividad por el mundo. Quien así habla es Antonio Russo, socio de Baker & McKenzie en Amsterdam (Holanda), uno de los grandes especialistas europeos en precios de transferencia, reestructuración de sociedades y en resolución de conflictos, en una entrevista prublicada en Iuris&Lex, la revista juríca digital de elEconomista, que puede descargarse en www.ecoley.es. Es una de las opiniones europeas más buscadas para? el fraude fiscal.
"Alcanzar esta certeza requiere coordinación, coherencia, y también herramientas, tanto para Gobiernos como para contribuyentes, con el objetivo de poder solucionar disputas en caso de que existan diferencias interpretativas. Por lo tanto, desde el punto de vista de las medidas del Plan de lucha contra la erosión de la base imponible y traslado de beneficios -Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)-, el punto más importante que requiere tiene que ver con la creación de una plataforma común multilateral para poder resolver disputas internacionales", señala Russo.
El socio de Baker & Mckenzie explica que "en el mercado fiscal hemos sido testigos de grandes transformaciones durante los últimos años. Todo empezó a partir de dos fenómenos distintos. El primero tiene que ver con la disponibilidad de recursos financieros, puesto que a raíz de la crisis, los Gobiernos se vieron en la necesidad de superar baches para poder sobreponerse la caída de los impuestos y, por tanto, incrementaron la lucha contra el fraude y la elusión". El segundo fenómeno es la democratización de la información. "Todos tenemos acceso a la información y hemos visto oleadas de activismo en muchos otros sectores, por ejemplo, como en el de la legislación medioambiental, de derechos humanos? Pero ahora nace el activismo en el sector fiscal, por lo que surge una necesidad de transparencia", añade .
Además, considera que esta necesidad de transparencia cambiará las reglas del juego y "todo esto lo podemos condensar en la creación del BEPS, en los trasvases de beneficios". Este es el proyecto principal que ha tenido impactos en todas las áreas del sector fiscal, no únicamente en el mercado interno, sino también a nivel internacional. Es un proyecto que se inició en el periodo 2012-2013 y que se implementó por completo en 2015, y los aspectos secundarios de la implementación del proyecto van a tener consecuencias a lo largo de las próximas dos o tres décadas.
Proyectos autónomos
"Hemos visto cambios porque los Gobiernos quieren apropiarse de las BEPS, y eso ha repercutido en la regulación interna de cada país, como por ejemplo con la lista negra de paraísos fiscales, pero hay muchos más. Esto también es competencia de Naciones Unidas. Y todo ello tiene repercusiones en la legislación, en su interpretación y, por lo tanto, en la actividad que va a tener el Gobierno y, a su vez, el contribuyente", dice Russo.
Además, está convencido de que la comunidad europea ha actuado en la OCDE más que mediante contribuciones, con la observación. "La OCDE y la Comisión Europea no comparten la misma agenda", destaca. Y añade que "la misión de la Comisión Europea es la vigilancia del mercado único. Y hemos visto, a través de las políticas, que este no es el objetivo principal de la OCDE. Sin embargo, sí que existen objetivos comunes, como es el evitar la evasión de impuestos, pero sabemos que la Unión Europea tiene otros objetivos, que están dirigidos a la creación de un mercado común mejorado. Y estas políticas se traducen en acciones que tienen que ver con la competencia, con las ayudas de Estado. Estas últimas están prohibidas a través de la vigilancia de las autoridades fiscales y de competencia comunitarias".
Y concluye su explicación señalando que "estos condicionamientos son propios de la Unión Europea, no hay otros países en el mundo con estas limitaciones. A este respecto hay iniciativas como la planteada por Pierre Moscovici sobre la adopción de una fiscalidad común a través de una base común del Impuesto sobre Sociedades, así que no creo que exista competencia entre ambas instancias. Sí que veo que tienen algunos objetivos en común, aunque en otros difieren"
Aboga por un incremento de la transparencia. Es por ello que considera que no existen diferencias entre Bruselas y la OCDE en estos asuntos. "Los Gobiernos deben responder a la reflexión de no sé lo que no sé y, por ello, necesito acceder a esta información", señala.
"En este sentido" -señala Russo- "la Acción 13 aborda esta problemática y contiene tres elementos: primero el master file, que es un documento sobre la transferencia de precios, que ofrece una perspectiva general de la situación de las sociedades a los gobiernos. Luego está el documento por país, que da información sobre las empresas que operan en la jurisdicción. Y finalmente, está el informe país por país, que para la OCDE es la pieza central de este mecanismo, que ejerce de puente entre las contribuciones fiscales y el master file".
