Magistrados y abogados se quejan de la falta de regulación legislativa que se encuentran a diario en la instrucción y desarrollo de los procesos judiciales sobre corrupción y coinciden en la necesidad de alcanzar un pacto por la Justicia lo más ampliamente consensuado, para acabar con estos limbos de indefinición y dotar a la justicia de medios.
"El gran pecado de la corrupción es la falta de competencia y todo lo que no sea libre competencia, libre concurrencia, transparencia, información, va a derivar en monopolios, oligopolios, situaciones de abuso y dominio, que llevan a situaciones de corrupción", ha afirmado el magistrado Eloy Velasco, titular del juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.
En su comparecencia en la mesa sobre La lucha contra la corrupción en la nueva legislatura -que sirvió como presentación del programa de Derecho Penal Económico del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) que dirige el exfiscal Jesús Santos-, dijo que "yo soy muy crítico, porque la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) se ha hecho en algunos aspectos en defensa de determinadas personas, que pueden influir en el mundo político para que su situación se resuelva".
Problemas, como la falta de regulación de los anónimos que reciben los jueces de ciudadanos con miedo a denunciar con nombres y apellidos, dificultan la labor de instrucción de los grandes casos de corrupción. El magistrado recordó que el pasado miércoles en el caso Púnica, cuyo sumario dirige, se descubrió que un funcionario que había denunciado por escrito y que estaba citado como testigo no existía y se trataba de una persona que actuó con nombre figurado.
Tampoco está regulada la duración del secreto sumarial, lo que genera graves inconvenientes. Para Velasco, los problemas con la duración del secreto tienen que ver con la carencia de medios. "Yo, tras las vacaciones, sólo tengo 600 o 700 cajas de sumarios relacionados con la corrupción. Hay gente que no se lee una novela en todo un año y nosotros tenemos que leer cada día cajas enteras de sumario. La Púnica llega a tener 50 megabytes, lo que en papel vendrá a suponer cerca de 100 millones de folios".
La conexidad que ha sufrido una enorme reforma, que hace trabajar mucho más en las instrucciones, "pero lo hacemos pensando en el juicio oral, puesto que uno de 800 días no hay juez que tenga memoria para acordarse de lo que dijo el quinto testigo, el 720 o el 918, después de tanto tiempo. Por eso es mejor dárselo troceado, principalmente con una conexidad histórica. En materia de corrupción, hay que estar atento a que las hojas no te dejen ver el bosque", subrayó.
Escuchas telefónicas con nuevas imputaciones
En los problemas en la instrucción de causas de corrupción también hay vacíos normativos en las escuchas telefónicas. Si de repente se cuela en ellas alguien que no estaba previsto y cuenta una barbaridad más gorda que la que se estaba indagando. Esta situación obliga a los jueces a investigar esos nuevos hechos.
"Lo que no se puede hacer es compartir esa información hasta no tener una cierta seguridad", afirmó.
Así, por ejemplo, desaparece Diana Quer y está grabada en una cámara, porque hay cámaras por todos los lados, o alguien va a hacer una cosa y graba una conversación que no estaba dirigida mucho a él, pero que es suya y que puede divulgarla. Son fenómenos que ya están absolutamente integrados en la sociedad y sobre los que el legislador o no tiene una solución o no quiere darla.
Y explicó que "luego hay situaciones en que ocurre el mal que no se estaba investigando y, por tanto hay que investigarlo retrospectivamente hacia atrás. Por ejemplo en el caso de Diana Quer habrá que ver que rastros dejó, lo mismo que ocurrió con el asesinato de la presidenta de la Diputación de León".
La doctrina a terceros o la autodelación es otro de los problemas que complican la instrucción.
Las nuevas tecnologías se han generalizado y ahora te graba, te escucha, cualquiera. Además, está el dilema entre requerir a la parte información o quitársela: el juez Ruz le pide amablemente al partido político: "Deme el ordenador que alguien dice que había y que le han borrado". O el juez Bermúdez, que dice: "Yo no pido, quito". ¿Dónde está el punto de proporcionalidad?
¿La instrucción la hacen los policías o los jueces?
El exfiscal y actualmente abogado penal Ignacio Gordillo asegura que "los abogados consideran que quienes instruyen no son los jueces, sino que lo hace la Policía judicial, que cuenta con muchos más medios que jueces y fiscales". Y como anécdota citó un caso en que el auto judicial de diez folios llevaba unido el atestado de 480 folios.
"Los atestados incluyen acusaciones de hasta diez o quince delitos para influir en el instructor, pero el instructor no tiene que calificar. Incluso en el atestado se incluye la última jurisprudencia del Supremo", para dar seguridad al juez. "Un peligro en asuntos de corrupción política", añadió Gordillo en su intervención en la jornada del IEB.
El magistrado Eloy Velasco negó las acusaciones de Gordillo, aunque reconoció que la Policía tiene muchos más medios que los jueces y agradeció el trabajo de información que realizan.
"Hemos llegado a una serie de barbaridades en nombre del derecho de defensa, como que el abogado defensor tenga acceso antes que el juez al atestado, cuando éste no es más que una explicación que la Policía le da al juez. ¿Y si el juez lo quiere declarar secreto? ¿Cómo lo va a hacer si ya lo ha leído el abogado?", añadió el magistrado.
Y señaló que también están las situaciones del victimismo de la defensa, cuando alegan que "todavía no sé de que se me acusa. Pues que lean ¿o es que yo tengo que decirle al abogado lo que acabo de descubrir?".
Hemos llegado a situaciones tan absurdas, que el juez informa tanto al inculpado de lo que tiene en la causa, que cuando llega el momento dice que no quiere declarar. La situación se convierte en un "no descubrir".
Y dijo que hay dos tipos de estrategias en estos procesos: minarlo con causas formales y no entrar nunca a discutir sobre el fondo y los que aportan su versión al juez y si éste no la acepta siguen creando nuevas evidencias hasta el acto de enjuiciamiento del procedimiento.
Qué se investigue el patrimonio de los condenados
Nos siguen faltando las claves legislativas para luchar contra la corrupción y "que se devuelva lo que se defrauda. Tenemos la esperanza de la Oficina de Recuperación de Activos, investiguen los patrimonios de los condenados", ha afirmado el magistrado Eduardo de Urbano en el transcurso de su intervención en la jornada del IEB.
De Urbano se refirió a la doctrina de la red, que practican los jueces instructores, que envían al juicio oral a muchas personas que han pescado, pero que no tienen nada que ver con el procedimiento, tal y como ocurre con muchos de los cónyuges de los imputados, que solo están relacionados por su sociedad de gananciales matrimonial.
El magistrado Velasco explicó que los delitos de corrupción tienen una pena muy baja. "Nos lo han dicho las instancias internacionales, el Convenio Anticorrupción de la ONU. Nos lo reitera la UE, y como todo se resuelve con una pena que no es privativa de libertad, a la hora de buscar instrumentos de investigación para descubrir esos tipos penales, no hay posibilidad de emplear los elementos tecnológicos, porque no dan la proporcionalidad ni la gravedad de la pena.
Y el magistrado añadió que la LECrim ha incluido plazos para instruir que constriñen el tiempo de la investigación, "como si la gripe se pudiese curar en el tiempo que diga el legislador y no en el que diga el virus".
"Yo entiendo que lo que ha pretendido la Ley es acabar con las macrorredadas. Cuando estás investigando una causa que tiene muchas ramificaciones, y que se ha cultivado durante años, pues también es una causa que necesita de más tiempo para investigación que un simple homicidio", concluyó.