La Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal ha abierto hoy la 'caja de los truenos' entre funcionarios del ámbito de la Justicia. En una comparecencia pública para valorar el cumplimiento de los nuevos plazos máximos de investigación, que han llevado a revisar todas las causas abiertas en los juzgados para clarificarlas como simples o complejas, ha afirmado que "sospechamos que hay causas que no conocemos, pero no sabemos cuantas son".
El próximo 6 de junio todas las causas que estaban abiertas antes de la reforma legal de hace seis meses deben haber sido revisadas. Ese día vence el plazo para las que no se hayan declarado complejas y debe haber una decisión sobre si se envían a juicio.
El problema, según Madrigal, será entonces lo que ocurrirá desde ese día, ya que con los medios existentes la Fiscalía no asegura que pueda dar adecuado cumplimiento del nuevo sistema de plazos si desde el Ministerio no se da una instrucción "que aclare el nivel de corresponsabilidad de los señores letrados de la administración de justicia en este proceso, como custodios de los procedimientos e impulsores y ordenadores de su tramitación".
El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia afirma, en un comunicado hecho público, solicita del Ministerio de Justicia que promueva las acciones oportunas para, que en el caso de que no rectifique sus declaraciones, se decrete el cese inmediato de la Fiscal General del Estado por la acusación realizada, implicando a todo el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia en el fracaso de la revisión de los procedimientos penales cuya obligación incumbe a los fiscales, sobre la base de una incierta acusación de ocultamiento de causas penales al Fiscal.
En la misma línea, el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia y la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, en otro comunicado, señala que "como consecuencia de todo ello, desde nuestro compromiso con la legalidad, con el interés público y el respeto a las instituciones democráticas, cuestionamos públicamente la idoneidad para el cargo de la actual Fiscal General del Estado, cuya dimisión le solicitamos".
El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia explica que si como dice la Fiscal General del Estado algún letrado de la Administración de justicia ha llegado a impedir el conocimiento de las causas llevadas en los órganos de instrucción a algún fiscal "lo que tiene que hacer es promover las actuaciones procesales para la nulidad de lo actuado, y en su caso, ponerlo en conocimiento del Ministerio de Justicia para que se adopten las medidas oportunas, pero lo que no puede hacer la Fiscal General es acusar a todo el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia de falta de colaboración".
Y añade que en su día y aún hoy, se han mantenido reuniones de coordinación, al inicio de este año se han remitido listados a las fiscalías de todo lo que se instruía en los juzgados; en muchos juzgados son los propios juzgados los que están dando los pasos oportunos para declarar la complejidad o no de las causas penales; se ha puesto a disposición de los fiscales las causas para su examen, y a día de hoy se está revisando todo lo hecho.
Madrigal niega que la existencia de estos sumarios ocultos pueda llevar a situaciones de impunidad en el caso de sobrepasarse los plazos de revisión. "Si aparecen en un armario o una dependencia judicial cuando pase el plazo, no es que se archiven porque la Fiscalía dirigirá la estrategia acusatoria siempre que los hechos no hayan prescrito", ha explicado.
En este sentido, aunque una vez cumplido el plazo la ley no deja a los fiscales solicitar diligencias durante la instrucción, por ejemplo, el Ministerio Público podrá "reconducir" la situación, seguir impulsando la causa en la fase intermedia antes de llegar a juicio e incluso durante la vista, solicitando las medidas que considere oportunas.
No obstante, Madrigal garantiza que el próximo 6 de junio, día que acaba el plazo de revisión dado por la ley, estarán clasificados entre complejos y no complejos el cien por cien de los procedimientos a los que han tenido acceso por el traslado que les han dado de los mismos los letrados de la administración de justicia -antes llamados secretarios judiciales-. Además afirma que en este grupo se encuentra la mayoría de los asuntos que existen ante los juzgados.
Madrigal no ha querido dar cifras, cosa que sí ha hecho el fiscal de Sala José Luis Bueren, quien ha apuntado que la Fiscalía consideraba que existían 550.000 causas pendientes de revisión cuando se solicitó y consiguió que el Ministerio mandara un refuerzo de 80 fiscales para realizar la clasificación en las 29 Fiscalías con más trabajo pendiente.
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