La Junta de Castilla León prepara una norma para proteger a funcionarios denunciantes de corrupción

Valladolid, 18 feb (EFE).- Los empleados públicos de Castilla y León contarán con una ley que, de ser aprobada en los términos planteados hoy en su anteproyecto, les ofrecerá garantías de protección de su puesto de trabajo en el caso de que informen de hechos que pudieran considerarse delitos vinculados a la corrupción.

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha presentado ante el Consejo de Gobierno el anteproyecto de ley por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración pública y se establecen las garantías de los informantes.

El cohecho, la prevaricación, la malversación de caudales públicos, el fraude y el tráfico de influencias son algunos de los tipos penales que forman parte de las prácticas que pretende "prevenir" la Junta de Castilla y León con esta norma, según De Santiago-Juárez, quien cree que "se está sobeteando mucho" el término de regeneración política pero lo que hay que hacer es "tomar medidas" para que la corrupción no se produzca.