El Pleno del Europarlamento ha aprobado, en primera lectura, -con 619 votos a favor, 69 en contra y 7 abstenciones-, la creación de una plataforma europea cuyo objetivo es mejorar la cooperación a la hora de prevenir el trabajo no declarado.
Sobre la base de la información recogida durante el ejercicio de sus tareas, la plataforma propondrá normas y consejos sobre el desarrollo de la legislación relacionada con el trabajo no declarado y desplegará capacidades consultivas acerca de las acciones y los instrumentos políticos necesarios.
También contribuirá activamente a prevenir el trabajo no declarado desarrollando orientaciones prácticas contra las formas y redes organizadas y manteniendo informadas a las autoridades y a los agentes interesados. A tal fin, la plataforma debatirá planteamientos y sugerirá medidas e instrumentos que puedan contribuir a una mejor prevención, control y penalización de las formas y redes organizadas de trabajo no declarado y facilitar el cumplimiento de la legislación pertinente.
El trabajo no declarado tiene graves repercusiones para los trabajadores afectados, que se ven en la necesidad de aceptar condiciones de trabajo precarias y, a veces, peligrosas, salarios mucho más bajos, incumplimientos graves de los derechos laborales y una protección muy reducida con arreglo a la legislación en materia de protección laboral y social, lo que les priva de prestaciones sociales, derechos de pensión y acceso a la atención sanitaria adecuados, y de oportunidades de desarrollo de competencias y de aprendizaje permanente. La situación es incluso más grave en el caso de los menores.
El trabajo no declarado a nivel nacional y transfronterizo son dos formas diferentes del mismo. El no declarado puede contribuir al fenómeno conocido como dumping social, también mediante las reducciones salariales en los Estados miembros donde se ofrecen dichos servicios.
Economía comunitaria
Este fenómeno equivale al 18,4 por ciento del producto interior bruto (PIB) de la Unión Europea (UE) en 2012 y representaba un gran problema en Europa. Sus efectos negativos repercuten en los trabajadores, las empresas y los Gobiernos.
La economía sumergida tiene un tamaño considerable, equivalente a más del 18 por ciento del PIB comunitario. No obstante, presenta variaciones notables entre los Estados miembros, que van desde menos del 8 por ciento a más del 30 por ciento del PIB.
Según Eurofound -la agencia tripartita de la Unión Europea que facilita conocimientos para colaborar al desarrollo de las políticas sociales y relacionadas con el trabajo, existen asimismo claras divisiones norte-sur y este-oeste en la Unión.
