Prada se desmarca de la adjudicación a Begar de un contrato del Campus Justicia

Madrid, 19 ene (EFE).- El exvicepresidente segundo y exconsejero de Justicia Alfredo Prada se ha desmarcado hoy de la adjudicación por la Comunidad de Madrid de un contrato del Campus de la Justicia a la constructora Begar -investigada en la trama Gürtel-, por valor de 55 millones, ya que "no estuvo" en el Consejo de Gobierno que lo aprobó.

En su comparecencia ante la comisión del endeudamiento en la Asamblea, ha explicado que el entonces vicepresidente Ignacio González elevó al Consejo de Gobierno el expediente técnico para esta adjudicación, en la que Prada ha asegurado que su "interés era menos diez" y su capacidad política "cero".

Prada, que fue consejero en 2003-2008 y bajo cuyo mandato empezaron las obras, ha dicho que el fallido proyecto se hizo "bajo el mando de un Gobierno" y con "total transparencia", ya que "ninguna auditoría pública ni privada detectó irregularidades", aunque que se han podido cometer errores "desde la buena fe y la legalidad".

Ha calificado de "decisión política" la externalización del proyecto bajo una sociedad anónima de capital público, y ha dicho que todas las instancias judiciales, incluidos el Supremo y el TSJ, partidos políticos y sindicatos "pedían a gritos" unificar las 29 sedes judiciales, y se optó por Valdebebas como único terreno público posible por sus dimensiones.

La opción por edificios circulares, tras un concurso de ideas con participación de 250 estudios de 50 países, se decidió en 2005 en Consejo de Gobierno con la idea de "darle valor arquitectónico", y no fue "no fruto del capricho" sino porque se entendió que "la Justicia tiene que tener un valor de solemnidad".

Para ello se iban a subastar inmuebles públicos, como el edificio de la calle Hernani, valorado en 18 millones y que se vendió en 42, pero luego vino la crisis y de los doce edificios proyectados solo hay construido uno, y el quebranto patrimonial supera los 105 millones de euros, según Prada para quien el acuerdo de liquidación de la sociedad, que debía hacerse en 2008-2009 se retrasó hasta 2015, lo que ha podido contribuir a dicho quebranto.

La primera piedra costó "cero euros del erario público", ya que las adjudicatarias aportaban 1,5% del contrato a la promoción mundial del proyecto, porque había que vender la "hipotética torre de Plaza Castilla" en los terrenos de los juzgados, valorada en 300 millones que con la recalificación por el Ayuntamiento se elevarían a 700 millones.

En su etapa se presentaron las cuentas cada tres meses a la Consejería de Hacienda y una vez al año en auditoría privada y otra de la Intervención General de la Comunidad, según Prada, y tras su cese, el nuevo consejero Francisco Granados encargó una auditoría a KPMG en la que "nunca hubo la más mínima tacha".

El PSOE ha calificado la adjudicación "a dedo" de un edificio a Norman Foster como "un escándalo de proporciones cósmicas", según Mercedes Gallizo que acusó a Prada de firmar el contrato "sin mediar concurso por importe de más de 10 millones de los que solo quedan maquetas", y además "no se pagaba IVA en las facturas, devengando cantidades mes a mes pese a que no estaban haciendo nada".

Prada ha asegurado que el personal se contrataba mediante concurso público, como ha sido el caso de del director ejecutivo Isabelino Baños, que según el PSOE era quien firmaba los informes técnicos y que se ha negado a comparecer ante la comisión.

Podemos ha recalcado que Baños antes trabajaba para la filial de la australiana Bovis, que se adjudicó el contrato de desarrollo urbanístico, y que luego volvió a esta empresa mediante "puertas giratorias", según Eduardo Gutiérrez.

Ciudadanos ha denunciado "retiradas en efectivo casi a diario" de las cuentas bancarias de 5.300 euros, según Susana Solís, que ha criticado gastos en viajes a Londres, Milán, Nueva York o Singapur, con alquileres de coche con conductor por 1.200 euros diarios y hoteles de cinco estrellas.

Solís también ha criticado sueldos de 73.000 euros más pluses de productividad pagados a directivos "con muy poca experiencia para gestionar los 500 millones de euros" que suponía el proyecto global, del que solo hay construido el edificio de Medicina Legal y un gran túnel subterráneo.

Tras restar importancia a la desaparición de ordenadores que supuestamente contenían información, que ha sido denunciada, Prada ha recordado que él mismo fue víctima de un seguimiento por funcionarios de la Comunidad en 2008, un asunto que "está abierto se ha archivado tres veces y la Audiencia Provincial ha reabierto tres veces".

Sin embargo, este espionaje "no tiene nada que ver con el Campus ni con ninguna malversación de fondos", ha dicho Prada, que según la oposición no ha aclarado las "zonas oscuras" ni las supuestas irregularidades en las contrataciones.