El área judicial de Barcelona acumula 2 millones de resoluciones sin ejecutar

Barcelona, 12 nov (EFE).- El Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) ha advertido hoy sobre del colapso judicial, especialmente en el ámbito laboral y contencioso-administrativo, y ha denunciado que en Barcelona se acumulan dos millones de resoluciones pendientes de ejecutar, en casos como divorcios, hipotecas, impagos y concursos.

Así lo ha alertado hoy el decano del ICAB, Oriol Rusca, que ha reclamado que se dote de más personal cualificado a los juzgados que rebasen una tasa de saturación superior al 125 % de su carga de trabajo máxima, lo que afectaría ya, con datos de 2014, a todos los ámbitos judiciales -social (197 %), contencioso-administrativo (192 %) y civil (152 %)-, menos el penal (110 %).

Según la memoria del ICAB, en los partidos judiciales de su implantación -Barcelona, Arenys, Badalona, Igualada, Vilanova, Vilafranca, Gavà, L'Hospitalet, Cornellà, Santa Coloma de Gramenet y El Prat de Llobregat- se acumulan unos dos millones de resoluciones pendientes de ejecución en todos los ámbitos.

Además, según los datos del ICAB, las ejecuciones de los casos pendientes se pueden demorar hasta un período de más de tres años, que se deben sumar a los seis meses de media de un procedimiento judicial en el ámbito civil.

Rusca ha puesto el foco especialmente en el ámbito contencioso-administrativo, donde considera que el colapso dura ya demasiados años, de forma que algunos procedimientos por demandas a la administración se pueden prolongar hasta los siete años, si se suman los trámites administrativos y el proceso judicial.

Además, Oriol Rusca ha denunciado que en los procedimientos judiciales contencioso-administrativos, al igual que ocurre en el ámbito civil, se impongan de forma automática las costas a la parte que pierda el litigio, lo que, en la práctica, lleva a muchos ciudadanos a desistir de las acciones judiciales contra la administración.

Rusca ha exigido que en el ámbito contencioso-administrativo se utilice el mismo sistema que en el penal, en el que las costas sólo se imponen si se demuestra temeridad o mala fe en el denunciante.

Además, ha reclamado que se establezcan criterios uniformes sobre el precio de las costas, ya que ahora dependen de cada caso en concreto y pueden oscilar desde una cantidad irrisoria hasta los miles de euros.

Según el decano del ICAB, si los abogados no pueden concretar a sus clientes cuánto les costará el procedimiento, ya que se desconoce a cuánto ascenderán las costas si se pierde el litigio, muchos clientes optan por no actuar contra la administración.

Como ocurre de forma sistemática en los últimos años, la memoria del ICAB también constata un aumento de las ejecuciones hipotecarias en el área de Barcelona, que entre el año 2006 y el 2014 han crecido un 384 %, al pasar de 16.692 a 80.749 casos.

Según Rusca, desde el año 2006 el incremento de ejecuciones ha sido progresivo y, pese a las medidas adoptadas en los últimos meses -como por ejemplo que desde 2013 se pueden denunciar las cláusulas abusivas-, en 2015 la tendencia también sigue al alza.

El informe también pone de relieve que la crisis económica y las tasas han provocado una reducción de los asuntos llevados a la justicia, que han pasado de 9,4 millones en 2009 a 8,7 en 2014.

Pese a la reducción de procedimientos, en la jurisdicción social han aumentado un 30 % los casos pendientes de finalizar, aunque en el ámbito penal se han reducido en un 14 %.

Rusca también ha lamentado que, pese a que las administraciones dicen impulsar los acuerdos entre las partes para evitar que los casos acaben en juicio, es en el ámbito contencioso-administrativo donde precisamente la mayoría de conflictos se resuelve con sentencias (65,63 %), lo que contrasta con el ámbito penal, donde sólo el 8,41 % de los procedimientos acaban en juicio.

En el ámbito civil, donde se analizan especialmente pleitos entre personas a título individual, sobre todo en el ámbito de la familia, el 23,94 % de los casos se resuelven por sentencia.

El decano del ICAB también ha denunciado los constantes "parches" que las administraciones colocan sobre la normativa penal, por lo que ha reclamado que se aproveche la nueva legislatura para elaborar "ex novo" las leyes esenciales en el ámbito de la justicia.

Según Rusca, pese a que la justicia es el tercer pilar del Estado de Derecho, junto al poder ejecutivo y al legislativo, las administraciones no les nutren de los recursos necesarios para que puedan cumplir su misión de control a las instituciones públicas.