La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC) sostiene que el borrador que la Orden Ministerial que desarrolla la Ley de Propiedad Intelectual "no proporciona una respuesta satisfactoria" a los supuestos de abuso de posición dominante, relacionados, generalmente, con la ausencia de equidad de las tarifas generales y la discriminación entre usuarios. En concreto, la Orden fija la tarifas generales de las entidades del sector.
"El borrador podría contribuir más eficazmente a la prevención de conductas anticompetitivas y a la introducción de mayor claridad en la norma que desarrolla", señala la CNMC. Competencia subraya que la remuneración de las entidades de gestión de derechos de protección de datos deben orientarse a variables relacionadas con el uso efectivo del repertorio y al valor económico del servicio prestado. "El criterio de los ingresos económicos no debería tener en ningún caso un papel exclusivo", añade.
En este sentido, el Organismo exige una formación no discriminatoria de las tarifas. "Para ello, debe asegurarse que la actuación de las entidades sea razonable y transparente, recogiendo dentro de las tarifas generales las condiciones particulares acordadas con los usuarios, de tal manera que aquellos usuarios que se encuentren en situaciones similares puedan acogerse al mismo tratamiento", destaca.
Evitar incoherencias
La CNMC insta a revisar el borrador "para garantizar la conformidad con el texto refundido de la ley, evitar las incoherencias y unificar la redacción entre distintos preceptos de la misma norma, de modo que cumpla con su finalidad expresa de introducir simplicidad y claridad en las tarifas". Además, el informe duda de que el texto sea "respetuoso con los principios de jerarquía normativa y reserva de ley".
Competencia indica que la regulación del valor económico del servicio prestado por las entidades del sector "no introduce suficientes incentivos para que éstas se comporten de una forma eficiente, como lo haría una empresa bien gestionada en un entorno competitivo".
Por otra parte, la Comisión recuerda que las entidades se caracterizan por una posición de dominio derivada de las barreras regulatorias, como el sometimiento a autorización del Ministerio competente y especialización por tipos de derechos y defensa de colectivos concretos. Además, denuncia que "se han abierto numerosos expedientes por supuestos de abuso de posición dominante".
