Dos 'exconsellers' defienden la "legalidad" del vertedero que enriqueció a Jordi Pujol Ferrusola

MADRID/BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

Dos exconsejeros de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña, Ramón Espadaler (UDC) y Salvador Milà (ICV), han defendido la "legalidad" de todas las actuaciones administrativas que permitieron la apertura y puesta en marcha entre 2002 y 2004 de un vertedero en Tivissa (Tarragona), con el que, según la investigación, Jordi Pujol Ferrusola --primogénito del expresidente de la Generalitat-- podría haber ganado 4,3 millones de euros, informaron fuentes jurídicas presentes en la declaración.

Espadaler, que ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata como testigo en la causa en la que se investiga si Pujol Ferrusola medió en la adjudicación de contratos públicos a cambio de comisiones ilegales, ha señalado que su departamento autorizó la apertura del centro en 2002 después de recibir los preceptivos expedientes administrativos, que fueron realizados por las administraciones locales, comarcales, autonómica y estatal.

El cabeza de lista de Unió en las próximas elecciones catalanas, que ha hecho un alto en su campaña electoral para comparecer por videoconferencia desde la Ciudad de la Justicia de Barcelona, ha asegurado que, a pesar de formar parte del Gobierno de su padre durante dos años (2001-2003), no conocía entonces ni conoce ahora a Jordi Pujol Ferrusola ni sabía que era socio minoritario en este proyecto.

MILÀ DICE QUE NO HUBO "PRESIONES"

Milà, por su parte, ha señalado que su labor se limitó a otorgar el número de gestor a la instalación, necesario para su puesta en funcionamiento, y que nunca recibió "presiones, ni directa ni indirectamente" por parte de Pujol Ferrusola o su entorno. Esta actuación, según ha explicado, únicamente provocó un "conflicto político" con los alcaldes de la zona, con los que se tuvo que firmar un protocolo para concretar la gestión de los residuos.

Las comparecencias fueron solicitadas por la defensa del presidente de GBI Serveis, Gustavo Buesa, y su socio Josep Mayola, que se encuentran imputados por esta operación. Buesa declaró el pasado 12 de noviembre ante el juez Pablo Ruz que el hijo del 'expresident' invirtió 700.000 euros en su empresa Gestió i Recuperació de Terrenys, encargada del proyecto. Diez días antes de que la compañía se vendiera a una filial de FCC, Pujol Ferrusola vendió su participación por cinco millones de euros.

Mayola, por su parte, aseguró que no conocía al hijo del exjefe del Gobierno catalán aunque, visiblemente nervioso, según fuentes presentes en el interrogatorio, admitió que le hizo un pago de 73.000 euros por la venta de su participación en el centro de tratamiento de residuos.

"LO QUE CUALQUIER CIUDADANO HABRÍA HECHO"

En declaraciones a los medios de comunicación tras su comparecencia en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, Espadaler ha preferido no revelar el contenido de la declaración judicial y ha remarcado que ha acudido en calidad de testigo: "He hecho lo que dije que haría si me llamaba la justicia como testimonio".

"Con mucho gusto he hecho lo que cualquier ciudadano hubiera hecho y por espacio de 15 minutos he tenido que hacer un pequeño paréntesis en la campaña electoral", ha añadido, y ha apuntado que no quiere hacer valoraciones sobre si esta declaración afectará o no a la campaña.

EL CONTRATO LO FIRMÓ SUMARROCA

También ha comparecido como testigo en la Audiencia Nacional el exconsejero delegado de Enagás Marcelino Oreja Arburúa, que ocupó el cargo de director de Expansión Internacional de la compañía EMTE, propiedad de la familia Sumarroca, en la época en la que Pujol Ferrusola les asesoró para la ampliación de sus proyectos de energía en México.

Oreja Arburúa, según las citadas fuentes, ha explicado que la labor que el primogénito de los Pujol Ferrusola realizó para la empresa consistió en realizar llamadas de teléfono y acompañarle en un viaje en el que le presentó a un posible socio mexicano y a una persona que podía trabajar como delegado de EMTE en el país. Por estas labores recibió en 2008 y 2009 un total de 154.048 euros.

En todo caso, ha dicho desconocer los términos del contrato que EMTE firmó con la compañía Project Marketing Cat, propiedad de Pujol Ferrusola y su esposa, Mercè Gironés, y la minuta que recibía el hijo del 'expresident', ya que todos esos detalles los llevaba directamente el consejero delegado de la empresa, Carlos Sumarroca Claverol, hijo de uno de los fundadores de CDC. "No sé si le pagaron a precio de mercado", ha señalado.

El compareciente, que ha trabajado en la expansión de EMTE en países como Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México y operaciones en Europa y África, ha asegurado que en este tipo de empresas es "habitual" buscar la colaboración de personas externas a la empresa y socios en el país de destino y que el contrato que se firmó con Pujol Ferrusola, que se ha leído durante el interrogatorio, le parecía "estándar".

NO RECUERDA A OTROS INTERMEDIARIOS

En un momento de la comparecencia, la teniente fiscal Anticorrupción, Belén Suárez, ha preguntado al consejero delegado de Enagás si había trabajado con otros intermediarios en proyectos similares. Oreja Arburúa ha contestado que sí pero no ha sido capaz de recordar sus nombres.

De igual modo, ha asegurado no haber participado en las otras tres operaciones con EMTE investigadas por el juez De la Mata: las entregas que la empresa realizó a las compañías del exvicepresidente del Fútbol Club Barcelona Jaume Ferrer Graupera en 2004 y 2005, que sospecha que tenían como destinatario final a Pujol Ferrusola; la intermediación del hijo del 'expresident' en la obtención de un contrato en 2008 para la reforma de las instalaciones de Radio France y la compra de opciones sobre acciones del laboratorio General Lab (propiedad de los Sumarroca), en las que habría intervenido su hermano Josep.

El juez instructor tomará declaración como imputado el próximo 23 de septiembre a Ferrer Graupera, que comunicó al juzgado que esta semana se encuentra fuera de España por motivos de trabajo y que la próxima estará en Madrid.

Ferrer Graupera habría puesto dos de sus empresas (Trade Management Consulting y Cientific Management) a disposición del hijo del 'expresident' para "intervenir en procesos de refacturación" entre Pujol Ferrusola y la compañía EMTE, vinculada a la familia Sumarroca.

En la causa, abierta tras una denuncia presentada por María Victoria Álvarez, exnovia de Pujol Ferrusola, se investigan las transacciones de hasta 8,5 millones de euros que 17 empresas del ámbito de la construcción y los servicios que "directa o indirectamente" declararon "ingresos procedentes de distintos organismos públicos de Cataluña" realizaron a cinco sociedades del primogénito y su esposa. Según la UDEF, constituirían "millonarias comisiones no justificadas".

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