"Es una tragedia que la primera receta que se le ocurra a algunos sea incrementar la fiscalidad para espantar a los inversores". Con esta contundencia se refirió ayer Rafael Catalá acerca de la supuesta implantación de tasas para el turismo y los cajeros automáticos que planteó el Ayuntamiento de Madrid y que ahora la alcaldesa, Manuela Carmena, niega que sea uno de los planes del nuevo gobierno municipal. "Es pegarse un tiro en el pie", apostilló el ministro.
Catalá alertó, durante su participación en el Ágora de elEconomista patrocinado por EY, del peligro que genera "la política de eslogan" y recordó que el Partido Popular "ha sido la fuerza más votada en las últimas elecciones", aunque reconoció que su partido sufre "el desgaste propio de los Gobiernos que han tenido que tomar medidas difíciles".
"No se ganan unas elecciones solo con bajar los impuestos". El ministro justificó así la reciente rebaja en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y la bajada en los peajes de la factura eléctrica. Catalá despejó de este modo cualquier duda sobre el supuesto interés electoral que se atribuye al Gobierno por la medida. "Si podemos reducirlos es porque la economía se ha puesto a funcionar y queremos devolver el esfuerzo que le hemos pedido a los ciudadanos", añadió.
Lucha contra la corrupción
El titular de Justicia defendió la honradez de los políticos, con el argumento de que los casos que han se han conocido no suponen la norma general. Catalá destacó, en este sentido, el compromiso del Ejecutivo en la lucha contra la corrupción. "Son sólo unas decenas de asuntos que nos han escandalizado y nos han generado la máxima repulsa", señaló.
Sin embargo, Rafael Catalá indicó que "hay que fortalecer el Estado de Derecho para evitar más casos en el futuro". El ministro puntualizó, además, que si han salido a la luz estos episodios es "porque la Justicia funciona, ya que tenemos un sistema robusto y quienes incumplen las normas sufren, sean quienes sean, todas las penalidades que la ley establece".
Catalá disertó, también, sobre el papel que de los medios de comunicación en las informaciones de esta naturaleza. El ministro salió al paso de la polémica que suscitaron hace unos meses sus declaraciones sobre los planes del Ministerio para multar a los medios que revelaran sumarios judiciales. "Esto es como matar al mensajero", apuntó Amador G. Ayora, director de elEconomista.
"Es importante el equilibrio entre el derecho a la información y los derechos individuales al honor y a la propia imagen", aseguró Rafael Catalá, quien destacó, también, la envergadura jurídica de la presunción de inocencia.
Por otra parte, el ministro expresó su confianza en el instructor del caso Gurtel, José de la Mata, que fue secretario de Estado de Justicia con el socialista Francisco Caamaño. "Creo en la independencia judicial y estoy convencido de que la ideología se queda en la puerta del despacho", aseguró.
Ley de Seguridad Ciudadana
Catalá aprovechó la ocasión para defender la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la ley mordaza, que aprobó el Ejecutivo esta legislatura. "No es lógico que los agentes que están trabajando para proteger los derechos de los ciudadanos puedan ser coaccionados", indicó.
"Quien pretenda alterar las reglas de la convivencia democrática se va a encontrar con la Ley", indicó. "En determinadas situaciones, grabar a los policías cuando están trabajando es una cosa absolutamente maniquea, porque luego se usan esas imágenes para agredirles", concluyó.