"Los plazos no le han importado nunca a nadie", así respondía ayer el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en el Ágora de elEconomista, a los reclamos sobre los retardados y largos plazos de instrucción que tantas protestas levantan en nuestra Justicia. Catalá reconoció que es intolerable, para ciertos casos, la tardanza de los plazos.
Afirmó también que "no se da importancia al factor tiempo", que siempre se ha entendido como "la consecuencia de un buen funcionamiento". El tiempo como medio de "garantía y seguridad", sin embargo, ha llegado a su fin, señaló.
Ya no sirve el argumento de "lo bueno lleva tiempo", consideró el ministro, que abogó por la necesidad de acelerar la Justicia. Aceptó la crítica realizada sobre los plazos, pero no sobre la calidad, y apostó por "nuestra capacidad de resolver, en plazos razonables, asuntos complejos". Por ello, en este sistema de plazos, los jueces deberán motivar la necesidad de aumentarlos cuando así lo requiera el caso concreto.
Apretarse el cinturón
Como todo esfuerzo tiene su recompensa, Catalá destacó, también en el Ágora de elEconomista, la "relevante y trascendente" etapa en la que se encuentra nuestro país.
Hizo hincapié, por ello, en las medidas y reformas "de especial intensidad" tomadas en los pasados tres años y medio por el Gobierno de Mariano Rajoy. Todas ellas, duras y sacrificadas, pero "orientadas al mantenimiento del Estado del Bienestar conseguido en las últimas décadas". Afirmó que estos años de lucha por la "recuperación económica" y por la "creación de empleo" han sido "muy difíciles, en todos los sectores de la sociedad".
En consecuencia, resaltó que se ha producido "una pérdida de capacidad económica de nuestras estructuras muy relevante", además de "un impacto social gravísimo, en términos de empleo, como no se recordaba desde los años 80". Además, felicitó la labor que desarrolla elEconomista, convocante de la reunión, en su labor de divulgación de las novedades en el campo del Derecho y destacó que "Iuris&Lex, la revista digital jurídica, se está convirtiendo en una publicación de referencia".
El Ágora
Amador G. Ayora, director de elEconomista, fue el encargado de guiar el encuentro, así como de formular las preguntas presentadas por los asistentes.
Por su parte, Llorenç López Carrascosa , consejero delegado de EY, firma patrocinadora del Ágora de elEconomista, alabó la labor del Ministerio de Justicia, del que declaró que es "un departamento clave en la administración política del Gobierno".
Ideas firmes
El ministro también resaltó la importancia de la actuación del Ejecutivo, de "un Gobierno con las ideas firmes que asuma su responsabilidad". En consecuencia, destacó que "estamos avanzando en esa dirección", en una España en la que el consumo continúa avanzando y el paro descendiendo. Además, fruto de una de las preguntas formuladas, quiso aclarar que la Justicia no es la "gran olvidada" de los Presupuestos Generales del Estado, sino que, en este año 2015, el presupuesto destinado por parte del Ministerio a la misma ha aumentado.
Apuesta por lo telemático
"La Justicia no puede ser el vagón de cola de las Administraciones Públicas españolas". Con esta declaración quiso dejar de manifiesto Catalá la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías en este sector. Así, "no se puede seguir con una cultura soportada en el papel ni con procesos basados en documentos", sin contar con las "largas colas" y el "poco o mal servicio" de este tipo se sistemas. Fruto de esa exigencia es la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que pasará a regular la ciberjusticia, un sistema telemático de comunicación con la Administración: "Papeles cero, a partir de enero".
Pese a las dudas de todos los agentes jurídicos, que no terminan de creerse la real aplicación de esta medida, el ministro insistió, reiteradamente, en su real viabilidad. "No es una película de Tom Cruise", afirmó, al tiempo que recalcó que "no es un proyecto", sino que vendrá regulado por mandato legal (LEC), por el que el 1 de enero de 2016 se verá hecho efectivo.
Tasas a las Pymes
"No es muy razonable que mi madre pague con su pensión un litigio entre dos empresas", con este ejemplo Catalá respondió a una de las preguntas del millón: ¿por qué las pymes sí pagan tasas?
Un asunto muy cuestionado y polémico entre los empresarios es la supresión de las tasas del Impuesto de Sociedades implantada para las personas físicas y no para las jurídicas, desde el 2 de marzo de 2015. Catalá aclaró que su eliminación tenía como finalidad evitar una posible distorsión de la tutela judicial efectiva. Las elegidas para su exención fueron las físicas; de ahí el debate: ¿por qué no quedan también exentas las personas jurídicas?
La razón que esgrimió es que los servicios públicos se financian con el dinero de los ciudadanos, pero que los litigios internos de las empresas y sociedades no pueden ser pagados por los habitantes cada vez que tengan un conflicto, por lo que estas "tienen que contribuir al pago de los costes del servicio" que supone utilizar el servicio de Justicia. Además, destacó que las entidades cuentan con un forfait de hasta 2.000 euros de exención de tasas que son deducibles del Impuesto de Sociedades.
