"Estoy bastante enojado y triste, porque hay declaraciones de representantes de la Abogacía que no se corresponden con la realidad, ya que llegan a decir que no tenemos la suficiente preparación técnica para llevar a cabo la asistencia jurídica gratuita, creo que esto es un exceso", ha afirmado Javier San Martín, presidente del Consejo General de Graduados Sociales.
A pesar de la alegría de estos profesionales del Derecho Laboral y de la Seguridad Social por su inclusión en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, su presidente dice que las declaraciones realizadas por Carlos Carnicer y otros representantes del Consejo General de la Abogacía sobre la falta de preparación de los graduados sociales no son ciertas.
Por ello, afirma que "yo soy el que dice lo contrario: quienes no tienen la suficiente preparación técnica y jurídica para hacer una asistencia jurídica gratuita en el ámbito laboral y de la Seguridad Social son los que realizan el grado en Derecho, ya que está invadiendo una esfera de una alta especialización".
Y añade "me da rabia, porque hay mucha gente sin recursos, con su derecho en suspenso, porque no saben dónde acudir. Deben saber que los graduados estamos ahí para defender sus derechos".
Los Colegios de graduados sociales más grandes pusieron en marcha hace más de 20 años un servicio propio de asistencia jurídica. Respondía a la preocupación del colectivo al constatar el elevado número de trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social que necesitan acudir a los tribunales, especialmente en el mundo de las pensiones, pero carecían de medios para ello. En 2010, se amplió el servicio a todos los colegios de España.
En 2011, Javier San Martín propuso al ministro Alberto Ruiz Gallardón un apoyo de la sociedad y del Gobierno para este esfuerzo de justicia gratuita.
Un grado y un máster
Las cifras sorprendieron a Gallardón: en Valencia se hacían entonces más de 30 consultas diarias, en Baleares 1.100 consultas en un año o en Granada, 900 mensuales, por citar algunos ejemplos. Es cuando empieza a moverse la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que actualmente se tramita en el Senado.
Fue con la llegada al Ministerio de Rafael Catalá cuando se planteó la necesidad de contar con un grado universitario y un máster para encontrarse en las mismas condiciones que el resto de los operadores jurídicos. El colectivo diseñó y puso en marcha un grado de 240 créditos de Relaciones Laborales y Recursos Humanos y un máster de acceso a la profesión.
A la vista de este esfuerzo, San Martín considera "estamos en la misma situación que abogados y procuradores. ¿Por qué no vamos a estar en condiciones de prestar el servicio de asistencia gratuita en el ámbito laboral, si lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo y con una preparación específica? Nos preocupan las personas que carecen de recursos para defender sus derechos y queremos sumar esfuerzos con los demás".
Catalá ha incluido en la Ley Orgánica del Poder Judicial una modificación que estipula que "el tratamiento de los graduados sociales como profesionales que, al prestar la representación técnica en el ámbito social, pueden actuar como auxiliares de la justicia".
