El Consejo Económico y Social (CES) considera que la reforma de la contratación pública "no aborda el grave problema de la corrupción con la suficiente ambición y profundidad". Así lo sostiene en su dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público en el que es tajante al declarar que "la contratación pública es una de las áreas de la gestión pública más propensas a la proliferación de prácticas corruptas".
Por ello, a juicio de la institución, con esta Ley el Gobierno "desaprovecha la ocasión para introducir de manera transversal las disposiciones, los procedimientos y las cautelas necesarias para prevenir eficazmente, desde el derecho administrativo, la aparición de prácticas desviadas del interés general".
Y es que, según el Consejo, estas prácticas fraudulentas "falsean la competencia, alteran los mercados y provocan un aumento injustificado del coste de provisión de los bienes y servicios públicos". Por ello, alude a la necesidad de garantizar que los procesos contractuales "se desarrollen con las máximas garantías de transparencia e igualdad de trato a todos los licitadores para evitar el fraude y el favoritismo".
Por otro lado, manifiesta el CES que debería tenerse en cuenta el posible impacto de este tipo de criterios sobre la capacidad de las pymes a la hora de participar en los procesos de contratación pública. Asimismo, el CES recomienda que se disponga de mayor información al inicio del proceso de licitación y, en concreto, que se manifieste con carácter previo y de forma expresa la necesidad y las razones de la licitación.
Un "desacertado tratamiento"
Otra de las críticas del CES pasan por el "desacertado tratamiento" que, a su juicio, ha dado el Anteproyecto "a la manera de garantizar el adecuado cumplimiento de las normas sociales, laborales y medioambientales", considerando que las medidas de carácter social representan "uno de los ejes centrales de la Estrategia Comunitaria Europa 2010".
A este respecto, declara que en cuanto a la información sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del medio ambiente, empleo y condiciones laborales (art. 129), ésta habría de ser una obligación del órgano de contratación, y no una mera posibilidad o potestad, incorporando además la normativa en materia de discapacidad, así como los convenios colectivos de aplicación en cada caso.
Tampoco ve con buenos ojos que se eleve de 15.000 a 30.000 euros la cuantía de la multa que se puede imponer a la entidad contratante como indemnización a una persona por los daños y perjuicios causados por una infracción legal.
Entiende el CES que esta medida "puede obstaculizar el ejercicio del derecho de acceso al recurso a los interesados". En concreto, la norma informada por el CES persigue, entre otras cuestiones, impulsar que partidos políticos, sindicatos y empresas -cuando se financien, mayoritariamente, con dinero público- se rijan por las normas de contratación aplicables a la Administración Pública de modo que se les apliquen los principios de publicidad y concurrencia.
