Sevilla, 25 jun (EFE).- La comisión que investigó los ERE irregulares de la Junta en el Parlamento de Andalucía en el 2012 acabó con un dictamen inesperado. Tras cinco meses de trabajo sus conclusiones finales situaron la responsabilidad política solo en el exdirector de Trabajo, Francisco Javier Guerrero.
Ahora, casi tres años después, el Tribunal Supremo ha ampliado esas supuestas responsabilidades a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a los exconsejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, a los que ha inculpado por malversación administrativa por este caso.
La comisión de investigación, la primera que aprobó el Parlamento de Andalucía en 17 años, se constituyó en junio de 2012 y en ella declararon una treintena de personas, entre ellos el expresidente andaluz Manuel Chaves; su sucesor, José Antonio Griñán; media docena de exconsejeros y consejeros del Gobierno autonómico y el exinterventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez.
Este último protagonizó una polémica al disentir de las conclusiones de la comisión, una de las cuales le recriminó no haber actuado con mayor contundencia ante las irregularidades que detectó su departamento.
Los tres grupos parlamentarios, PSOE, PP e IU, solo alcanzaron el acuerdo de mínimos en el dictamen final que señaló como responsable político a Guerrero, que autorizó la mayoría de las ayudas irregulares.
La negativa del PP a apoyar el dictamen propuesto por la presidencia de la Comisión, que planteaba censurar a los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera, supuso que se impusieran los criterios del PSOE en las conclusiones finales.
El PP votó en contra de los 198 artículos que contenía la propuesta de síntesis del presidente de la comisión, Ignacio García (IU), y el PSOE se abstuvo en gran parte de ellos, mientras IU, su socio en el Gobierno, voto afirmativamente.
Los socialistas limitaban la responsabilidad en la dirección general de Trabajo y el PP pretendía elevarla hasta el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y el expresidente Manuel Chaves.
Izquierda Unida las ubicaba en los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández.
El entonces portavoz de IU, José Antonio Castro, aseguró: "Nos sentimos defraudados, engañados y asqueados. El bipartidismo ha atendido sus propios intereses. Se han mofado de los andaluces y del Parlamento".
De "paripé" tildó el papel de la comisión el portavoz popular, Carlos Rojas, que esgrimió que los diputados no habían investigado "a fondo" el fraude de los ERE durante la treintena de comparecencias que se produjeron y que el dictamen respaldaba "la teoría de los cuatro golfos" del PSOE y de Chaves.
El PSOE, por su parte, no dudó en denunciar la "bochornosa e intolerable actitud" de los populares, a los que acusaron de "tomar el pelo" a los andaluces, sostuvo su portavoz en la comisión, Antonia Moro.
Unos diez meses después del cierre de la comisión de investigación, José Antonio Griñán esgrimía "motivos personales, políticos y de relevo generacional" para abandonar la presidencia de la Junta en plena presión mediática por el caso de los ERE.
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