Un total de 14,7 millones de euros recuperó el Tribunal de Cuentas (TCu) para el Estado en 2014, por saldos injustificados de las cuentas públicas, según los datos contenidos en la Memoria anual del Órgano Fiscalizador del Estado.
A pesar de la importancia de esta cifra, el dinero no justificado por las Administraciones Públicas ha descendido, ya que en 2013 se contabilizaron 16,9 millones de euros, casi la mitad que en 2012, que sumaron 31,5 millones de euros.
Además, el TCu contaba con una asignación presupuestaria de 62 millones de euros. Sin embargo, la cantidad gastada e invertida por la Institución, durante 2014, ascendió a 55,9 euros, lo que supuso un ahorro del 9,79%.
A pesar de estos buenos resultados, la Institución, presidida por Ramón Álvarez de Miranda, se ha sometido a un procedimiento de auditoría externa de ámbito internacional, conocida como Revisión entre Pares (Peer Review) elaborada por los representantes de los Tribunales de Cuentas de la UE y Portugal, (publicado ayer en elEconomista), en el que se ha detectado una imagen en la opinión pública de organismo politizado, aunque reconoce que los auditores no han detectado nada concreto que avale tal percepción, al tiempo que señalan que, aunque el sistema de elección de consejeros cumple los estándares europeos, podría mejorarse para reforzar su independencia.
Mayores mandatos
El informe aconseja revisar los procedimientos de nombramiento de los consejeros, definiendo criterios objetivos, y precisando con detalle las condiciones de acceso al cargo, así como reconsiderar la duración del mandato, que actualmente es de nueve años, hasta los doce años (como en Alemania), sin posibilidades de reelección.
Consideran los auditores internacionales que sería muy importante elaborar informes de fiscalización oportunos en el tiempo, más breves y de fácil lectura, así como elaborar un sistema de seguimiento de las recomendaciones realizadas en sus expedientes de cuentas.
El informe aconseja, entre otras medidas, que se busque la independencia económica, elaborando cuentas propias de la institución, que en la actualidad forman parte de los Presupuestos Generales del Estado anuales.
Limitaciones de acceso a los datos
Los autores del informe concluyen que "existen limitaciones de acceso a datos pertinentes para el control de las cuentas de los partidos políticos", al tiempo que se extrañan de que tan solo exista una unidad para su control, encabezada por dos consejeros, en lugar de un Departamento, como ocurre en el resto de los sectores de fiscalización de la Administración, que cuenta con un total de 70 funcionarios. El informe aboga por crear un Departamento encabezado por un solo consejero, con carácter rotatorio.
También cuestiona que la organización de la unidad de partidos políticos en el Tribunal de Cuentas sea "una excepción" en el organigrama y esté controlada por dos consejeros sin rotación. "Debería haber uno y por sorteo", han recomendado al presidente del TCu.
Para eliminar las tensiones que actualmente existen entre los funcionarios de los cuerpos del propio Tribunal y los provenientes de otras áreas de la Administración, los auditores públicos internacionales recomiendan que se establezcan procedimientos de nombramiento objetivos, así como revisar el número y los procedimientos con respecto a los puestos directivos.
