Guatemala, 3 jun (EFE).- Tres organizaciones sociales denunciaron al Estado de Guatemala ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las "graves irregularidades" durante la elección de alrededor de 223 jueces en noviembre pasado, informaron hoy los demandantes.
La Fundación Myrna Mack, el Instituto de la Judicatura y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) explicaron en un comunicado conjunto que la denuncia fue entregada el pasado 26 de mayo ante la CIDH.
Las organizaciones no gubernamentales señalaron que durante la elección, en la se seleccionó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a otros 210 jueces de apelaciones del Organismo Judicial, se "incumplieron" las "normativas internas" y los "estándares internacionales sobre proceso de elección judicial".
"Las selecciones y elecciones llevadas a cabo por las Comisiones de Postulación y el Congreso de la República no fueron objetivas, ni se basaron en el mérito y la capacidad de los y las candidatas", subrayó la nota de prensa.
"Tampoco se realizaron de manera pública ni transparente en varios momentos del proceso, y además se vieron seriamente permeadas por intereses privados de grupos de poder", destacó.
El Parlamento de Guatemala eligió en octubre pasado a 126 magistrados titulares y 84 suplentes de las Salas de Apelaciones del país centroamericano, además de los 13 miembros de la CSJ, quienes cumplirán un mandato de cinco años.
Tanto los magistrados de las Salas de Apelaciones como los de la CSJ fueron electos de una lista de candidatos que presentó una Comisión de Postulación, conformada por rectores y decanos de las universidades del país, además del Colegio de Abogados de Guatemala.
La elección fue criticada en su momento por diputados de las bancadas minoritarias y docenas de organizaciones sociales, quienes denunciaron un acuerdo entre las dos fuerzas más grandes del Parlamento, el gobernante Partido Patriota (PP) y el partido Libertad Democrática Renovada (Lider).
El máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad, suspendió el juramento de los nuevos jueces ante varias denuncias en contra del proceso, pero su resolución final dio luz verde a la designación de los nuevos magistrados.
La denuncia ante la CIDH señala que los "vicios de los procesos de elección" fueron "ampliamente denunciados" pero finalmente "avalados por el Congreso de Guatemala y la Corte de Constitucionalidad", por lo que se abrió "la puerta a la vía interamericana"
Días después de la elección, la abogada guatemalteca Claudia Lissette Escobar Mejía, una de las magistradas reelegidas, anunció que renunciaba al cargo "ante la gravedad de los vicios" del proceso, pues, dijo entonces, el 75 % de los jueces electos responden a intereses del Gobierno y del Congreso.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas de protección a Escobar Mejía por su denuncia, obligando al Estado de Guatemala a brindarle protección.
Entre el 70 % y el 90 % de los delitos que se cometen en la nación centroamericana, una de las cinco más violentas del mundo, permanecen impunes, de acuerdo con datos oficiales.
La Fundación Myrna Mack y el Instituto de la Judicatura son dos organización no gubernamentales guatemaltecas, mientras que el Cejil es una entidad de carácter latinoamericano.
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