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El Parlamento acelera sus trabajos ante el peligro de dejar sin aprobar 38 proyectos

  • Los Presupuestos necesitan dos meses y medio para cumplir todos los trámites
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso de los Diputados. elisa senra

Un total de 38 proyectos de ley se encuentran en peligro de no ser aprobadas por el Parlamento en esta legislatura, por las limitaciones que las citas electorales y el final de la legislatura imponen al calendario de tramitación, aunque la mayoría lo hacen por la vía de urgencia, un procedimiento que se ha convertido en regla general en el último tramo de la legislatura.

Así, el calendario del ministro de Justicia, Rafael Catalá, para las tareas prelegislativas concluía en abril, puesto que cualquier proyecto que entrase después en el Congreso de los Diputados tendría muy difícil su tramitación en la legislatura.

La Ley de Colegios Profesionales, el Código de Comercio, o la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que afronte el enjuiciamiento por los fiscales ya habían sido descartadas por el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, al llegar al Gobierno en septiembre de 2014.

Rajoy mete prisa a su grupo

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dado instrucciones tanto al Gobierno como al Grupo Parlamentario Popular para que aceleren el ritmo de trabajo en el Parlamento para tener aprobada toda la agenda legislativa pendiente en las tres primeras semanas de septiembre y, así, tener las manos libres para disolver las Cámaras y convocar elecciones generales a finales de noviembre.

Además de las normas que se están en plena tramitación en Congreso y Senado, se estima que para dar cobertura a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado hacen falta dos meses y medio y no se llegaría a tiempo de seguirse el calendario habitual.

Catalá, ha anunciado que a través de una enmienda parlamentaria se anularán las normativas aprobadas para transferir la gestión del Registro Civil a los registradores, al tiempo que se busca una solución de urgencia frente a la entrada en vigor en julio de la reforma vigente desde 2011 y que encargaba a un cuerpo de funcionarios sin determinar la gestión, relevando de la función a los jueces.

Se ha trabajado en una reforma estructural del mapa judicial, también en el ámbito penal, que contribuye a una mayor eficiencia mediante la especialización y a una mayor seguridad jurídica.

Y se ha continuado avanzando en la implantación de la nueva Oficina Judicial y Fiscal y en la incorporación de las nuevas tecnologías al sistema judicial. Todo ello, garantizando el acceso a la justicia con el Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

Además, entrará en vigor una reforma del Código Penal que refuerza el castigo de los delitos de corrupción en el ámbito de la Administración Pública, entre otros. Estas normas son la Ley Orgánica 1/2015 por la que se modifica el Código Penal y la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo. También lo harán la Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica y la que también modifica la Lecrim para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.

Se trata de modificaciones parciales, dejando en vía muerta el anteproyecto de Código Procesal. Otras normas aún en tramitación son la Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil y la Ley por la que se regula el estatuto del miembro nacional de España en Eurojust.

La Ley General Tributaria, la estrella

Junto a la reforma tributaria de 2014, que modifica IRPF, Socieaddes , IVA e Impuestos Especiales, y las medidas incluidas en las nuevas reformas del Codigo Penal, la Ley General Tributaria es una de las figuras legislativas más destacadas de la legislatura, aunque ha entrado muy tarde en el Parlamento.

Esta norma prevé nuevos mecanismos de lucha contra el fraude, ampliando las potestades de investigación para luchar contra el fraude y dando publicidad a la lista de deudores con la Administración, así como a la de condenados por delito fiscal. Las medidas ya puestas en marcha han permitido que, entre 2012 y 2014, se recauden, por actuaciones de lucha contra el fraude, 34.785 millones de euros.

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