El embargo de cajas de seguridad en entidades bancarias ha permitido recaudar a Hacienda un total de 3,5 millones de euros desde 2013, según revela el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, en las alegaciones presentadas al informe del Tribunal de Cuentas sobre Fiscalización de la Agencia Tributaria en 2012 y 2013.
Ferre, que es su presidente, revela que, la Agencia Tributaria comparte la opinión del Tribunal de Cuentas de que la realización de un cierto número de actuaciones de investigación durante el año no tiene efectos directos sobre el cobro de la duda tributaria.
También explica que la recaudación obtenida de esta forma es "escasa si se relaciona con el importe total de la deuda pendiente de tales deudores".
Sin embargo, añade que "sin la realización de tales actuaciones de investigación no sería posible tener conocimiento de bienes como dinero, joyas u otros bienes muebles o inmuebles no declarados". Por ello, considera necesario potenciar estas actuaciones de investigación incluyendo su realización como uno de los objetivos del área tributaria.
Además, hay embargadas 42 cajas de seguridad por deudas tributarias desde 2013, que aún no se han abierto, en espera de autorización judicial. Según el informe de alegaciones de la Agencia Tributaria, remitida al Tribunal de Cuentas en febrero pasado, "presumiblemente, tendrá un contenido económico de cierta relevancia. De ahí la negativa a su apertura por parte de sus titulares".
Estas cajas forman parte de una operación realizada en noviembre y diciembre de 2013, consistente en 542 personaciones en 270 sucursales de 24 bancos, que dieron lugar al embargo de 344 cajas de seguridad de deudores tributarios, con una deuda total de 319 millones de euros, aunque tan sólo se obtuvieron cerca de dos millones de euros.
Aplazamientos sin cobrar
Sobre la reconvención del Tribunal de Cuentas, de que sólo el 64 por ciento de las deudas aplazadas en 2012 se habían ingresado el 1 de agosto de 2014, la Aeat aclara que el plazo medio de vencimiento es de 280 días para los expedientes automatizados y de 760 días para los que no lo están. Por ello, cree que, "el ingreso del 64 por ciento de las deudas aplazadas es un porcentaje razonable".
Hacienda dispone de 180 días para la resolución de solicitudes de aplazamientos o fraccionamientos.
Además, en la gestión se prevén plazos para contestar requerimientos formales de 10 días hábiles, ampliables o un plazo de dos meses para constituir garantía desde la concesión del aplazamiento. Por ello, estima que un tiempo medio de 25 días en 2012 y 2013 "es un objetivo muy exigente, habiéndose realizado un gran esfuerzo para su consecución".
