El ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció ayer que la Ley de Enjuiciamiento Criminal ya está preparada y que se aprobará en el Consejo de Ministros de la próxima semana. Catalá, que llegó al Ministerio en septiembre, es consciente del poco tiempo que tiene para desarrollar sus reformas antes de agotar la legislatura. "Tenemos que ser capaces de presentar los proyectos antes de que termine marzo", sentenció.
El ministro participó en un desayuno informativo organizado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur), donde desgranó sus principales proyectos legislativos. "La configuración legal del nuevo Código Mercantil es de altísima calidad", indicó el titular de Justicia, quien aseguró que "el comité de expertos ha hecho un trabajo magnífico que aporta muchas novedades". Antonio Pau es el encargado de dirigir al equipo que ha redactado los nuevos 1.800 artículos y ha integrado a civilistas y mercantilistas. El ministro reconoce la labor Pau, "que da un aire fresco a la norma". Catalá no precisó, sin embargo, si la reforma podrá llegar a materializarse en esta legislatura.
Rafael Catalá pidió, además, un cambio en los criterios de promoción de los jueces y magistrados. "No me parece correcto que se cubran las plazas solo por antigüedad", señaló en referencia al nombramiento del antiguo director general socialista, José de la Mata, como sustituto de Pablo Ruz en la Audiencia Nacional. "Hay que incorporar aspectos cualitativos para el desempeño de estos puestos", sentenció.
Por otra parte, sostuvo que la imputación de un cargo público no le impide que permanezca en su trabajo. "La mera imputación no puede constituir un elemento para obligar a dejar un puesto, porque no conlleva culpabilidad". El ministro manifestó su intención de sustituir la palabra de imputado por la de investigado, debido a que, a su juicio, tiene una connotación demasiado negativa.
Más precavido se mostró al hablar de la reforma de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales. Catalá indicó que "se han dado muchos pasos en los últimos años" para modificar la norma, aunque no aclaró si finalmente el proyecto verá la luz antes de que termine su mandato. El anteproyecto prevé reducir la colegiación obligatoria de las 80 profesiones actuales a tan sólo 38, lo que ha irritado a los colegios profesionales, que podrían ver limitadas sus competencias.
Mejoras en los juzgados
El ministro explicó, también, los proyectos relacionados con la propia Administración de Justicia. La Ley Orgánica del Poder Judicial, que promueve el Ejecutivo, prevé una mejora de los recursos internos y de la organización de los juzgados. "Estamos intentando que se equilibren las cargas de trabajo", señaló. Catalá aboga por hacer cambios en los partidos judiciales para aliviar la congestión. "Con las mejoras en las comunicaciones, no es lógico que estemos aplicando la legislación del Siglo XIX en esta materia", apostilló.
La aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito de la Justicia es una de las asignaturas pendientes del Ministerio. Su titular aseguró que antes de 2016 estará en funcionamiento la oficina electrónica. Los agentes jurídicos dudan de que se pueda cumplir ese plazo.
"Me sorprende que los profesionales del Derecho tengan esa reacción porque ellos saben perfectamente que es posible", indicó. El ministro asegura que la implantación no se ha hecho todavía porque no se ha obligado a ello a través de la Ley. "Lo que es extraño es que esto no esté funcionando ya", concluyó Catalá.
