El ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció ayer que antes de fin de año se aprobarán las principales reformas que modificarán tanto la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y el Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial.
Así, en relación a la LECrim, el ministro avanzó que la modificación "permitirá agilizar los procedimientos judiciales, especialmente, los macroprocesos haciendo posible instruir y juzgar los delitos sin necesidad de concatenar piezas e impedir así que los procesos se alarguen durante años, al tiempo que se fijará un plazo máximo de instrucción".
Además, la reforma regulará los medios de investigación en el proceso penal, como la intervención judicial de las comunicaciones, que el texto actual limita a las postales". A este respecto, indicó que sin abordar la reforma de la ley que regula el proceso penal "no tendrán sentido otras en las que también trabaja el Ministerio como modernizar tecnológicamente la Justicia, expandir la nueva oficina judicial por toda España y permitir las comunicaciones entre los operadores jurídicos a través del teléfono móvil y la Sede Judicial Electrónica". También suprimirá el catálogo de faltas y establecerá nuevos criterios de gestión de los atestados policiales sin autor conocido.
En cuanto al Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, que tiene que volver en segunda vuelta al Consejo de Ministros, Catalá señaló que mantendrá los partidos judiciales, pero racionalizará el sistema de reparto de cargas de trabajo entre juzgados.
A este respecto, recordó el ministro que según un reciente informe de la Comisión Europea sobre la eficacia de la justicia, España tiene 11,2 jueces por cada cien mil habitantes, "con lo que se sitúa en torno a la media europea, muy cerca de Holanda (14,4), Bélgica (14,3), Suecia (11,8) y por delante de otros países como Noruega (11), Francia (10,7), Italia (10,6) y Reino Unido (4).
Asistencia gratuita y Tasas
Por otra parte, en relación a la asistencia jurídica gratuita, el ministro aseguró que se ampliará el número de beneficiarios y que en el proyecto de ley que comenzará pronto a debatirse en el Senado se introducirán enmiendas de mejora para que "nadie se quede sin ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva por falta de recursos".
Pero además, el ministro avanzó que espera presentar "en breve" la reforma de la polémica ley de tasas judiciales que impuso el anterior ministro, Alberto Ruiz-Gallardón, una vez que estudie los datos y la información aportados por el Consejo General del Poder Judicial y de la Agencia Tributaria sobre su impacto. "Se trata de asegurarnos que las tasas nunca puedan generar una limitación al derecho a acceso a la justicia por los ciudadanos", aseguró.
El desafío de la corrupción
Por último, el ministro Catalá defendió que la Justicia tiene que estar preparada para responder a los diversos desafíos que el Estado de Derecho tiene planteados, entre los que citó la corrupción y "esa subversión de los principios democráticos, que anida en los intentos de situar una determinada voluntad por encima de la voluntad general".
