Madrid, 14 mar (EFE).- El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha ofrecido hoy su "total colaboración" a la justicia para esclarecer el presunto fraude en cursos de formación subvencionados con fondos públicos y ha vuelto a reclamar una reforma integral del actual sistema "a nivel nacional".
Lo ha dicho el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, tras firmar un convenio de colaboración con la Unidad Militar de Emergencias (UME) y al ser preguntado por la puesta en libertad con cargos del presidente de la Federación de Empresarios de Madrid (Fedecam), Alfonso Tezanos.
Victoria ha manifestado su "respeto" a cualquier decisión judicial así como a la presunción de inocencia de los acusados, pero ha subrayado que la Comunidad de Madrid "quiere que se conozca toda la verdad", de ahí su "total colaboración con la acción de la justicia".
Ha subrayado que en la Consejería de Empleo se está "controlando y supervisando cada euro que se destina a la formación de los trabajadores", y en aquellos casos en los que se ha detecto algún tipo de irregularidad se ha exigido el reintegro "completo" de las cantidades.
Cualquier indicio, ha continuado, ha sido puesto en conocimiento de la Policía y de la Justicia, de ahí que el Gobierno regional mantenga su ofrecimiento de colaboración para llegar hasta el final en el presunto fraude en cursos de formación detectado en la región.
Victoria ha destacado que el control que realiza la Comunidad de Madrid "va más allá de las exigencias que establece la normativa estatal", lo que hace "necesaria" una reforma de todo el sistema de formación para trabajadores a nivel nacional.
"Estas irregularidades, este fraude, no solo se han producido en la Comunidad de Madrid por una cuantía superior a los cuatro millones de euros, sino a nivel nacional por más de 11 millones de euros", ha manifestado el portavoz del Gobierno de Madrid tras recordar que es el Gobierno de la nación el que "tiene la competencia en esta materia".
Alfonso Tezanos, que se encuentra en libertad con cargos por el presunto fraude en los cursos de formación, tiene que acudir dos días a la semana al juzgado y no puede abandonar el territorio español.
