El Gobierno prevé realizar importantes cambios normativos para recortar los gastos estructurales de las Administraciones. La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (Cora) ha realizado, por iniciativa del Gobierno, un informe sobre la Reforma de las Administraciones Públicas en las que se incluyen recomendaciones sobre las modificaciones normativas precisas. Siga leyendo esta y otras noticias gratis en 'Iuris&Lex'
Dice la Cora que desde la entrada en vigor de la Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en 1992, la evolución normativa se ha caracterizado por las disposiciones que, de forma independiente o modificando el derecho vigente, han completado de manera un tanto deslavazada la columna vertebral del Derecho Administrativo.
Para dotar de más claridad al sistema, recomienda la elaboración de una norma que regule el régimen jurídico de las Administraciones públicas y de otra de procedimiento administrativo, que regule la relación de los ciudadanos con las Administraciones por medios electrónicos.
Cambios en la Ley de Subvenciones
Dice el informe que es necesario cambiar la actual Ley de Subvenciones si se quiere lograr un importante ahorro. Se trata de eliminar duplicidades entre Estado y comunidades autónomas, dejando clara la delimitación de funciones, que ocasiona numerosos conflictos de competencias.
Deben evitarse en la reforma -asegura la Cora- las ineficiencias derivadas de la financiación exclusiva mediante fondos públicos de proyectos sobredimensionados; el sostenimiento excesivo y sin referencia realista en ciertas modalidades de gasto privado; las bases de datos autonómicas o locales duplicadas con la base nacional de subvenciones; los plazos dilatados en la tramitación de reintegros, en particular, en el caso de que los mismos tengan su origen en la realización de un control de la Intervención General de la Administración del Estado (Igae); e incidencias no resueltas en la ejecución de las actividades subvencionadas.
Para lograr estos objetivos, propone al Gobierno que modifique esta ley para reforzar la transparencia en la concesión, más competitividad al seleccionar proyectos, financiando gastos estrictamente necesarios al exigir un mínimo de aportaciones privadas. Aconseja el establecimiento de límites a la financiación pública de ciertas modalidades de gasto privado en proyectos valorables en régimen de concurrencia, sin incluir ayudas personales, como las asistenciales o becas.
En el capítulo de las duplicidades aboga por la eliminación de las existentes entre el Estado y las comunidades autónomas, incluyendo el texto de la reforma los criterios constitucionales sobre reparto de competencias en materia de subvenciones que se han ido desarrollando por el Tribunal Constitucional. Se trata de promover en el futuro una clara delimitación de funciones y la desaparición de los numerosos conflictos de competencias que han proliferado en los últimos tiempos en esta materia. En la misma línea se propone que se delimiten las competencias entre los agentes de las Administraciones públicas y las entidades que operan en el ámbito privado. Siga leyendo esta y otras noticias gratis en 'Iuris&Lex'
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