"Todos vivimos de forma ordinaria y pacífica con la economía sumergida" pues "el fraude está totalmente intrincado en el tejido social" y "tolerado socialmente". Así de tajante se mostró ayer Juan José Camino Frías, subdirector general para la Inspección en materia de Seguridad Social, Economía Irregular e Inmigración, para defender las últimas reformas que el Gobierno ha abordado en materia de lucha contra el fraude a la Seguridad Social y el empleo irregular, y que se han llevado la ya acostumbrada ración de críticas.
Para Camino Frías, convivimos de forma casi natural con las conductas defraudatorias, según explicó en el Congreso de la Asociación de Auditores Socio-Laborales. De ahí que el propósito del Gobierno, a través de las recientes medidas adoptadas en la materia, como es el Plan Integral aprobado el 27 de abril de 2012 o la operada en el Código Penal, atienda, precisamente, a la necesidad de "difundir una conciencia social de lucha contra el fraude, ahora muy arraigada en nuestro país". Se trata, aseguró, "de algo estructural de las empresas", sobre todo en determinados sectores, "y no tiene nada que ver con la crisis".
En su opinión, la lucha contra el fraude es "la primera política social en defensa de los derechos del trabajador". Y es que, añadió el subdirector, si un trabajador no está dado de alta en la Seguridad Social se le niega su propia condición de trabajador, para acudir a los tribunales en defensa de sus derechos, o poder beneficiarse de las prestaciones, o de la regulación en materia de prevención de riesgos laborales.
Por otro lado, si bien negó que las reformas atiendan a un afán recaudatorio, aseguró que "cada euro es imprescindible, sobre todo en un momento de crisis". Y es que, dijo, "la caja de la Seguridad Social pasa por dificultades", pues cada vez hay que afrontar más prestaciones por desempleo que, actualmente, rondan los 30.000 millones al año.
También se refirió al problema de las altas ficticias (en 2012 anularon un total de 44.000) que persiguen la obtención de prestaciones, o el acceso a un crédito hipotecario. "Esto supone que nos están robando a manos abiertas por tramas de auténticos delincuentes", dijo. Y adelantó que para combatir este problema han adoptado un protocolo proactivo, de forma que podrán perseguirse conductas sobre las que existan indicios de que son constitutivas de un delito contra la Seguridad Social.
"Un doble rasero"
Frente a estos argumentos, el juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, afirmó, sin embargo, que la nueva ley de lucha contra el fraude fiscal que reforma el Código Penal -en vigor desde enero- "es un denodado esfuerzo por recaudar que nos deja a los jueces la parte desagradable". Y lo que es más, que para lograr este fin no sólo exime la pena, sino que elimina el delito, con "una nefasta contrapartida": la creación de "una fabulosa escalera de impunidad para el defraudador".
Explicó que tras la reforma, si el defraudador regulariza su situación por algún tipo de amnistía no incurre en delito. En la práctica, supone que, eliminado el delito antecedente, se elimina también la posibilidad de acusarle por blanqueo de capitales. Por si esto fuera poco, la nueva regulación ofrece una serie de posibilidades de reducir o atenuar la pena, creando una "puerta de atrás" para el defraudador.
Además, el juez relacionó estos delitos con los delitos contra la Seguridad Social, que sí penarán con cárcel a quien consiga prestaciones fraudulentamente, por lo que, en su opinión, se ha legislado "con un doble rasero".
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Sanciones más duras por fraude a la S. Social
