Las transacciones electrónicas en el mercado interior de la Unión Europea (UE), los pagos mediante tarjeta por Internet o a través de teléfonos móviles a salvo de fraudes, es algo que preocupa a las autoridades europeas en un momento en que la vuelta de la confianza en los mercados es un punto estratégico para la recuperación económica. Así, las iniciativas adoptadas por la Comisión Europea en orden a lograr un mercado único plenamente integrado son la principal baza para hacer frente a la actual situación financiera. Siga leyendo esta y otras noticias en 'Iuris&Lex'
En perspectiva está la propuesta de Reglamento -relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior- que pretende servir de instrumento de armonización a nivel europeo para así potenciar la negociación transfronteriza dentro de la Europa de los Veintisiete.
Se trata de la última de las medidas enmarcadas en las acciones clave propuestas en el Acta del Mercado Único -que establece doce prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza en el mercado europeo- y que promoverá desde que un ciudadano presente una declaración fiscal online ante otro Estado, solicite su partida de nacimiento a través de Internet cuando resida en un país extranjero, o que una empresa pueda participar por vía electrónica en una licitación pública puesta en marcha por otro Estado miembro de la UE.
Sin embargo, para las instituciones europeas los pasos dados desde Bruselas en la consecución de estos ambiciosos objetivos, aunque decisivos, siguen siendo aún insuficientes. El Comité Económico y Social Europeo (CESE) acaba de publicareste pasado mes de septiembre su dictamen sobre la propuesta de Reglamento en el que incide sin contemplaciones en la necesidad de crear una "identificación electrónica paneuropea estandarizada" que se pueda solicitar a todos los ciudadanos sobre una base voluntaria.
Para el CESE se lograría así un verdadero mercado único, facilitando transacciones electrónicas más seguras y controladas y ofertando un mayor grado de protección contra el fraude, un mayor clima de confianza entre operadores económicos,menores costes en la prestación de servicios yuna mayor calidad de servicio y protección para los ciudadanos. Siga leyendo esta y otras noticias en 'Iuris&Lex'
Siga leyendo la noticia en 'Iuris&Lex'
