Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) solicitan una nueva estructura de juzgados que acabe con una "justicia a dos velocidades", debido a la clara asimetría que se produce por la falta de condiciones de igualdad ante la carencia de servicios complementarios similares entre unos y otros.
En las conclusiones de la reunión mantenida entre el 3 y 5 de octubre en Albacete, abogan por articular la organización sobre tribunales de Instancia, garantizando que este cambio no suponga un distanciamiento de los principios básicos de la independencia judicial.
"Consideramos necesaria la implantación simultánea de tribunales de base, integrados por jueces profesionales, y una profunda reflexión sobre el futuro de los juzgados de Paz, pues probablemente carecen de sentido en una organización más eficiente", afirman.
Muestran preocupación por que el sistema de sustituciones diseñado por el Ministerio aumente las cargas de trabajo, que consideran ya inasumibles, al no haber suficientes jueces para hacerlo factible.
Así, piden que se acomode la planta judicial a la carga de trabajo real y hasta que esto se produzca, proponen una mayor implicación de los jueces en las sustituciones y medidas de refuerzo, "reduciendo al máximo la justicia interina".
Creen preciso que se defina el modelo de planta judicial, buscando un equilibrio entre la garantía de fácil acceso de los ciudadanos y la necesidad de evitar una dispersión excesiva de los medios personales y materiales, causante de ineficacia en la gestión.
Además, reclaman la vinculación de estos juzgados a la Nueva Oficina Judicial, superando los problemas detectados hasta ahora.
Los magistrados demandan un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que vele por la independencia de los jueces y tribunales. Por ello, manifiestan su "desacuerdo más absoluto con las iniciativas que tiendan a debilitarlo, imposibilitando el cumplimiento de su papel constitucional".
"La falta de voluntad política de hacer de la Justicia una prioridad, en un contexto de crisis económico financiera, propicia un insoportable estado de opinión que cuestiona, no sólo su efectividad, sino su independencia. Ello ha conducido a una disminución de la confianza de la ciudadanía en sus tribunales que socava su legitimidad democrática. Urge poner fin a esta situación", denuncian en su declaración institucional.
Demanda de coordinación
La existencia de diversos órganos con capacidad de decisión sobre la organización -CGPJ, Ministerio de Justicia y autonomías- exige una coordinación que no existe, dicen.
Y la completa paralización de las inversiones en Justicia, como consecuencia de la enorme gravedad de la crisis económica, les lleva a augurar "un futuro inmediato más que preocupante". Así, por ejemplo, exigen que los órganos de gobierno del Poder Judicial tengan capacidad para autorizar gastos, dentro de los límites presupuestarios, en orden a la adopción de medidas de refuerzo de los órganos judiciales y que determine el número de asuntos que ha de corresponder a cada órgano judicial.
Finalmente, los presidentes estiman muy necesario el impulso de reformas legislativas que lleven a la modernización de la justicia y de las leyes procesales, concretamente la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, al tiempo que piden con urgencia la potenciación de las conformidades en el orden penal, la práctica de la mediación en procesos penales por infracciones menos graves y una sola instancia en materias de escasa entidad o gravedad.
