Finalmente habrá tasas judiciales. Eso sí, los ingresos obtenidos con su recaudación se destinarán a pagar a los abogados que integran el turno de oficio, según avanzó ayer el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, durante su comparecencia en el Senado.
Aseguró que las tasas que abonen los ciudadanos que sí tienen recursos económicos, "no ingresarán de forma indiscriminada en las arcas del Estado, sino que servirán para cubrir los costes derivados de los litigios de quienes carecen de recursos". Mientras, la recaudación de los depósitos, se empleará para la modernización de la Justicia, según prevé en un proyecto que "está prácticamente ultimado". Y recordó, respecto de esta asistencia que "será necesaria una revisión de los criterios actuales para evitar su uso fraudulento".
Un calendario apretado
Por otra parte, el ministro aseguró que su departamento contará para el próximo otoño con borradores de todas las leyes que conforman su paquete de reformas de la Justicia, de forma que los proyectos puedan entrar y debatirse en el Parlamento en 2013.
Gallardón avanzó que suprimirá el privilegio que tienen los funcionarios para acudir a los tribunales sin abogado ni procurador, con el objetivo de racionalizar el volumen de litigios.
Al mismo tiempo, se comprometió a que reformas parciales como el nuevo Estatuto de la Víctima, que ampliará sus derechos de información y de personación en todas las fases del proceso, o la reforma del Código Penal, que incluye la pena de prisión permanente revisable, estén listas, en sus primeros borradores, para el próximo mes de junio.
En relación a esta última pena, aclaró que quedará reservada a "supuestos muy restringidos" y que, tras un tiempo límite mínimo ineludible, se estudiará a través de un test de reinserción, la posible rehabilitación del reo.
Asimismo, Justicia planea poner en marcha antes de verano la reforma de la Ley de Responsabilidad del Menor, que incluirá una batería de medidas para evitar los casos de multirreincidencia y una nueva regulación de las faltas. Ya para otoño, Justicia se ha comprometido a tener listos los borradores de la Ley de Jurisdicción Voluntaria que establecerá un catálogo con los asuntos que pueden ser desjudicializados, del nuevo Código Mercantil o de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Por último, se refirió el ministro a la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que modificará el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y delimitará las competencias del Tribunal Supremo, o la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Gallardón impondrá que quien recurra un fallo pague por la segunda opinión
