"Si un ciudadano no se conforma con la resolución dada por la Justicia y quiere un segundo pronunciamiento, deberá pagarlo". Así lo anunció ayer el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, durante su comparecencia en la Comisión de Justicia.
Explicó el ministro que, en un sistema democrático, "la Justicia tiene que mantener las puertas abiertas a los ciudadanos", si bien aseguró que "existe un abuso de los órganos judiciales, sobre todo en segunda instancia" lo que hace necesario "revisar el sistema de tasas judiciales que obligue a acotar qué asuntos deben ser resueltos judicialmente".
Por ello, indicó que es también necesario modificar el sistema de asistencia jurídica gratuita debiendo acreditar "de forma rigurosa la insuficiencia de medios para litigar" tanto en primera instancia como, nuevamente, en caso de recurso. Y es que, dijo, se debe "reducir la entrada de asuntos innecesarios y la litigiosidad ficticia".
En la línea, apeló al uso de otras vías de resolución de conflictos y avanzó que, entre los proyectos legislativos que abarcará en esta legislatura se encuentra la Ley de Mediación y la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que reforzará el papel de los notarios, y registradores, a los que pasarán los procesos en materia de obligaciones o sucesiones.
Código Mercantil e instrucción
Asimismo, adelantó la creación de un nuevo Código Mercantil que "integre la legislación dispersa y la adapte a la nueva realidad económica". Además, anunció que su Ministerio continuará con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que abordará, entre otros asuntos, "el sometimiento a plazo del secreto de sumario, el control de las conversaciones telefónicas, o el papel de la policía judicial en la fase de investigación".
Se refirió Gallardón a la posibilidad de que el Ministerio fiscal absorba la instrucción en el proceso penal, punto más controvertido de la reforma propuesta por su antecesor Francisco Caamaño. A este respecto, indicó que el nuevo Gobierno "incrementará el papel del fiscal en la instrucción de los procesos de urgencia, sin perjuicio de la labor del juez instructor".
Interconexión tecnológica
Por otro lado, señaló que debe revisarse el aspecto tecnológico en la Administración de Justicia, y anunció la creación de una Agencia, integrada por el CGPJ, las comunidades autónomas y el Ministerio, para articular un sistema informático que coordine la interoperabilidad de los diferentes sistemas de gestión procesal e impulse la creación de estándares tecnológicos comunes. En este sentido, criticó que la implantación de la Nueva Oficina Judicial, que potenciará en esta legislatura, "no ha ido acompañada de la imprescindible modernización tecnológica."
Finalmente, anunció que introducirá sistemas de juicios rápidos también en el orden civil; la modificación de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo -se exigirá el consentimiento paterno en caso de menores- y la puesta en marcha de un Estatuto de las Víctimas "restableciendo su derecho a estar informado de la situación procesal del autor del delito".
"Imagen politizada de la Justicia"
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, adelantó ayer durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia, que el Gobierno cambiará el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de forma que 12 de sus miembros serán elegidos directamente por jueces y magistrados, en lugar de hacerlo, como hasta ahora, las Cortes.
Los ocho vocales restantes, dijo el ministro, que deberán ser designados por el Parlamento, "no pueden seguir siendo parte de un sistema partidista de reparto de cuotas". A su juicio "no podemos seguir con la imagen de politización de la Justicia y con una división de poderes totalmente desconfigurada". Además, apeló a una disminución en la "discrecionalidad en los nombramientos de la carrera judicial y cualquier atisbo de politización" y apeló a la especialización "como mecanismo ordinario de promoción".
Asimismo, el ministro apeló la necesidad de "delimitar las competencias y evitar conflictos innecesarios y estériles" entre el Tribunal Supremo y el Constitucional. En este sentido, y respecto de la designación de los cuatro magistrados que tiene paralizada la renovación del Constitucional, indicó que procederán inmediatamente a su renovación, si bien insistió que, también en este aspecto "hay que renunciar a cuotas partidarias de forma que se elimine la identificación de la alta magistratura con su origen partidista".
Finalmente, en relación al Ministerio Fiscal, señaló su "voluntad de hacer desaparecer la sombra de permanente politización que pesa sobre sus decisiones" y la necesidad de que "su relación con el Gobierno no contradiga nunca los principios de legalidad e imparcialidad".
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