El anteproyecto de Ley de Tribunales de Instancia, que prevé la eliminación de los juzgados para su colegiación bajo una estructura única, igualándolos al resto de escalones judiciales, debe retirarse. Así lo solicitó ayer la Junta de Jueces de Pamplona, a través de un acuerdo de propuesta de retirada.
Y es que el paso previo de la reforma, la implantación de la nueva oficina judicial, no se ha llevado aún a cabo en su totalidad y, hasta ahora, ha presentado "frustrantes experiencias". De ahí la "completa inoportunidad" del anteproyecto.
Los jueces creen necesario solucionar previamente los fallos que ésta presenta, si bien aclaran que los problemas que afectan a la justicia de instancia "guardan más relación con la insuficiente e inadecuada planta judicial".
En concreto, la propuesta aprobada por el Pleno hace hincapié en que, a la hora de unificar pautas de cara a dictar sentencias uniformes y a generar seguridad jurídica, es suficiente aprobar criterios en las Juntas sectoriales de jueces, tal y como se viene haciendo. Por ello, ven innecesaria la Ley de Tribunales de Instancia, que prevé, entre otros puntos, que el pleno de jueces de este primer escalón legal pueda sustraer casos a los jueces unipersonales, con el fin de llevar a cabo esa unificación doctrinal.
"En todo caso, los criterios que puedan aprobarse en dichas juntas siempre deberán respetar la garantía institucional de la independencia judicial, que reside en cada juez concreto cuando ejerce su función jurisdiccional", aclaran en nota de prensa. Un principio que no se mantendría con la nueva norma.
Falta de consenso
Los jueces manifiestan, además, que resulta "inadmisible" que "una reforma de tal calado no haya contado con la audiencia de las Juntas de Jueces, de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia ni de las Asociaciones Judiciales". Algo que se debe, según ellos, a las "prisas" con que se pretende aprobar la ley, sin el "necesario debate y confrontación de ideas".
El enfoque excesivamente economicista del anteproyecto es otro de los puntos más criticados, ya que prima la "relación coste-beneficio" y se obvia que "lo más importante es el cumplimiento de la función jurisdiccional". No es concebible, además, que se modifique la estructura del Poder Judicial en función de la oficina judicial, cuando debería ser ésta la que sirviera de "instrumento de apoyo al ejercicio de la función jurisdiccional".
Las Juntas de Jueces tratan asuntos que incumben a todos los jueces o a sectores de ellos, también a nivel provincial. Tienen también la facultad de unificar criterios jurisprudenciales. En este sentido, la de Navarra no es la primera en mostrar su oposición a la creación de los tribunales de instancia: la Junta General de Jueces de Logroño ya acordó el pasado 7 de abril una declaración sobre la "inoportunidad" del anteproyecto, "tanto por la premura con la que se está tramitando, como por hacerlo sin consultar con los directamente implicados".
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por su parte, pidió también la limitación del poder plenario en primera instancia en su informe sobre la ley, hecho público el pasado 1 de abril.
El Gobierno debate la Ley de Tribunales de Instancia
