Los embargos hipotecarios y las ejecuciones derivadas de los procedimientos monitorios -aquellos dirigidos al pago de una deuda económica, fundamentalmente derivada del alquiler- son los principales causantes del incremento de litigios registrado durante el primer semestre de 2010.
Así lo avanzó ayer el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, durante la presentación de la Memoria Anual de la institución -relativa al año 2009- ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
En este sentido, explicó que el 35 por ciento de los procesos monitorios acaban en ejecución, por lo que, junto a las ejecuciones hipotecarias, han causado un incremento de hasta un 7,2 por ciento en el conjunto de las ejecuciones civiles durante este periodo. Y es que, alertó, "la entrada de asuntos durante este año se ha estabilizado en los ya muy altos niveles del año 2009".
Ahora bien, otros datos adelantados por Dívar reflejan una reducción del número de litigios en otros ámbitos. Así, avanzó que los concursos de acreedores "están reduciendo su número". Concretamente han supuesto un 13,4 por ciento de los asuntos durante el primer semestre. Lo mismo ocurre con los procesos por despido que, señaló, han descendido en un 20 por ciento en este periodo.
Por su parte, con respecto al ejercicio de 2009, el presidente del CGPJ puso el acento en el crecimiento de litigios en las jurisdicciones civil y social. Un incremento que achacó a "los problemas de la economía, que se sienten especialmente en la Jurisdicción, en términos de incremento de carga de trabajo, en particular en estos órdenes".
En este sentido, señaló que, según los datos de la Estadística Judicial, durante 2009 ingresaron más de nueve millones y medio de asuntos en los órganos judiciales, lo que se traduce en un incremento de un 5,7 por ciento con respecto a 2008. De ellos, los órdenes civil y social supusieron un 18,6 y un 15,2 por ciento, respectivamente.
Durante su comparecencia Dívar se refirió al futuro Reglamento de la Carrera Judicial cuya tramitación, indicó, "está ya muy avanzada" y supondrá "la adaptación del reglamento anterior a la actual realidad orgánica de los jueces".
Finalmente, hizo alusión "al futuro inmediato del Consejo", que persigue objetivos concretos en ámbitos como la formación de jueces y magistrados, o la modernización de la Justicia.
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