El juez decidirá mañana si estima las medidas cautelares solicitadas por Iberdrola

Madrid, 12 jul (EFE).- El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid decidirá previsiblemente mañana si estima las medidas cautelares solicitadas por Iberdrola en su demanda de impugnación de las cuentas de ACS.

Así se acordó hoy tras la vista oral, en la que la eléctrica denunció un "intento de control contable" por parte de la constructora, que defendió su derecho de participación en el Consejo de Administración de IBERDROLA (IBE.MC) basándose en su calidad de accionista mayoritario -posee el 12% del capital-.

La batalla judicial entre Iberdrola y ACS comenzó el 26 mayo, cuando la eléctrica pidió que se anulasen los acuerdos adoptados en la Junta de Accionistas de la constructora, concretamente la memoria, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el informe de gestión y la gestión del Consejo.

La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán entiende que esos informes incluían numerosas infracciones de la normativa jurídico-contable que "distorsionan los estados financieros" y "no muestran la imagen fiel de su patrimonio".

Como medida cautelar, Iberdrola solicitó que su demanda de impugnación se anotase en el Registro Mercantil de Madrid para "garantizar el resultado y la efectividad del proceso, en la medida en que su mera existencia supone una duda muy razonable sobre los resultados" de ACS en el pasado ejercicio.

Según Iberdrola, ACS pretende "ocultar su debilidad financiera", algo que "se demuestra con hechos como la operación de Abertis, a través de la cual ACS busca obtener liquidez desprendiéndose de la mayor parte de la inversión realizada en esa compañía".

Por su parte, la empresa demandada subrayó que la intención de la eléctrica es "arrojar sombras en el mercado sobre la situación financiera de ACS", lo que consideró "inaudito", porque ello supondría un "perjuicio económico indirecto" para la propia Iberdrola.

La compañía presidida por Florentino Pérez invocó su derecho a designar un consejero de los catorce que integran el consejo de la eléctrica, e hizo hincapié en que "no hay un propósito de control".

Aseguró que la demanda corresponde a una peculiar consideración estratégica de Iberdrola, que "pretende vengarse porque su junta ha sido impugnada".

Añadió en su argumentación que Iberdrola adquirió 20.000 acciones (el 0,064% del capital) de ACS "sólo para poder demandar a su principal accionista, y no en concepto de inversión financiera".

Además, ACS señaló que las acusaciones de Iberdrola sobre sus cuentas son "insostenibles", ya que recibieron informes favorables del Comité de Auditoría de ACS, de la consultora Deloitte y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El representante legal de ACS recordó asimismo que Iberdrola ya acudió como accionista a la junta de 2009, y no impugnó las cuentas de 2008, que se realizaron "con los mismos criterios contables" que las de 2009.

"De hecho", continuó, "Iberdrola cuestiona los mismos criterios de valoración que después aplica para computar el valor de su participación en Gamesa".

Por estos motivos, ACS pidió al juez que rechace las medidas cautelares, con declaración expresa de temeridad, por el carácter "abusivo e instrumental" de la demanda, reflejo de la "abierta hostilidad y enfrentamiento" entre los administradores de las dos empresas.

Las cotizadas se vieron las caras en un procedimiento similar celebrado la semana pasada en el Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbaó, que denegó la suspensión cautelar solicitada por ACS de los acuerdos adoptados por la última Junta General de Iberdrola, que sirvieron para rechazar la entrada de un representante de la constructora en el consejo de administración de la eléctrica vasca.