Economía/Legal.- El fiscal mantiene el total de 126 años para los acusados en el 'caso Hacienda'

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

El fiscal mantuvo hoy las penas de cárcel --un total de 126 años-- que había solicitado para los ex inspectores y empresarios acusados en el denominado 'caso Hacienda', una supuesta trama de corrupción descubierta a finales de los años 90 consistentes en sobornos de estos empresarios a ex altos cargos de Hacienda por no levantar actas fiscales o archivarlas.

Después de siete meses de juicio, con sesiones de mañana y tarde, el fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones, con algunas modificaciones que no afectan a las penas de cárcel, sino a la responsabilidad civil, a las penas de inhabilitación y a la redacción de algunos hechos.

La Fiscalía pide ocho años de cárcel para el ex presidente del Barça, Josep Lluís Núñez, así como para su hijo, y para el financiero Javier De la Rosa. Destacan también los 16 años de cárcel para el inspector jefe regional de Hacienda en Catalunya, José María Huguet y los 12 años para el ex asesor jurídico del Grupo Torras-Kio, Juan José Folchi.

La mayor pena de prisión solicitada, de 22 años, es para el inspector Alvaro Pernas, mientras que para otro ex inspector, Manuel Abella, pide 19 años.

Según los fiscales, los ex inspectores de Hacienda mantuvieron "corruptos contactos" con los empresarios y no ejercieron sus funciones debido a las ventajas patrimoniales que les ofrecieron los empresarios.

La Fiscalía considera que De la Rosa y Folchi cometieron cohecho, prevaricación y falsedad documental, mientras que a Huguet y otros inspectores les acusa de omisión del deber de perseguir delitos y de infidelidad en la custodia de documentos. En cuanto a Núñez y su hijo, están acusados de cohecho y falsedad en documento oficial.

RELATO DE LOS HECHOS

En su escrito, los fiscales explican que De la Rosa y Folchi decidieron "ganarse los favores profesionales" de Huguet ingresando importantes cantidades en una cuenta bancaria que éste tenía en Suiza.

Para la Fiscalía, con estos pagos, De la Rosa y Folchi pretendían que las inspecciones del Grupo Torras --que el empresario dirigió entre 1986 y 1992-- fueran "ineficaces" y "sólo aparentes" para que no se descubriera la deuda tributaria real derivada de sus distintas operaciones mercantiles.

Así, a instancias de De la Rosa y Folchi, Huguet presuntamente se dispuso a paralizar y denegar inspecciones, a mentir en las diligencias y a extender actas de conformidad que no reflejaban la realidad tributaria de Torras. Todo ello, según la Fiscalía, con la colaboración del inspector Abella, jefe regional encargado de las inmobiliarias.

En cuanto a Núñez y su hijo, la Fiscalía explica que ofrecieron "ventajas económicas" a los inspectores Abella y Bergua a cambio del "torcido ejercicio de sus potestades", ya que conocían las responsabilidades tributarias y penales que podían derivarse de los "artificios fiscales" utilizados por el Grupo Núñez y Navarro, que les permitieron ahorrar 13,2 millones de euros en impuestos.

Así, los Núñez presuntamente favorecieron a Abella en la compra de un piso y de tres plazas de aparcamiento en Barcelona y ayudaron a Bergua en la compraventa de un piso y un aparcamiento, "a un precio muy inferior" al del mercado; todo, a cambio de "inspecciones amañadas" y de que dejasen de comunicar a las autoridades la posible comisión de delitos contra la Hacienda Pública.

Núñez y Navarro supuestamente consiguió que se pasaran por alto "intencionadamente" artificios fiscales como transmisiones inmobiliarias entre las empresas del grupo con fines puramente fiscales o diferencias de precios en transmisiones de entidades registradas de similares características.

En cuanto a los acusados Eduardo Bueno, máximo responsable del grupo inmobiliario Ibusa y ex candidato de Alianza Popular a la Generalitat, y su mano derecha, Francisco Colomar, la Fiscalía señala que diseñaron operaciones financieras para "aminorar de forma fraudulenta la carga fiscal que tendrían que haber soportado". Para ello acudieron a Folchi, que contactó con Huguet y Abella y presuntamente les persuadió para realizar inspecciones amañadas sobre el grupo.

El juicio, uno de los más largos de la historia de España, está llegando a su fin y a partir de la semana que viene empezarán los informes finales, empezando por el fiscal.

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