La Comisión Europea ha dado el espaldarazo a uno de los aspectos más polémicos de la nueva la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, publicada en el BOE el pasado 2 de marzo. Bruselas considera que la norma estatal es "perfectamente razonable", en contra de quienes lamentan que no elimine el poder de las Autonomías para zancadillear la apertura de grandes superficies comerciales, y que se limite a transferir del Estado a las regiones el deber de pagar las multas que la UE pueda imponer en el futuro si considera que hipermercados y supermercados chocan en alguna zona del territorio español con restricciones ilegales según el Derecho comunitario.
Interrogada por elEconomista, la Dirección General de Mercado Interior del Ejecutivo comunitario reconoce que "según la Constitución Española, la competencia para regular la distribución minorista pertenece a las Comunidades Autónomas".
Bruselas detalla que "cada Estado miembro de la UE es libre de decidir quién tiene la responsabilidad de soportar las multas eventuales que le sean impuestas por sus infracciones al Derecho comuntario". Y concluye: "Una norma como la española puede ser perfectamente considerada razonable y, en cualquier caso, no es inhabitual, sino que también existe en otros Estados de la UE".
La importancia de la nueva ley de Comercio
La reciente ley del Comercio es la pieza fundamental a través de la que el Gobierno ha introducido en el Derecho español, con retraso, la Directiva comunitaria para liberalizar la prestación de servicios en el mercado único europeo.
El francés Michel Barnier, nuevo comisario europeo de Mercado Interior, ha fijado entre sus prioridades garantizar la correcta aplicación de esta Directiva en los 27 países del club comunitario: por las buenas hasta finales de año y luego, previsiblemente, vía expedientes contra los Estados infractores.
Al 'eurotribunal', en mayo
En paralelo, continúa su curso la denuncia de la Comisión Europea contra las trabas que impone Cataluña a la implantación de hípermercados; recurso anunciado en abril de 2008 y formalmente interpuesto en septiembre de ese año, tras un expediente que se prolongó durante un lustro.
La vista oral del caso ante el Tribunal de Justicia de la UE está prevista para el próximo 6 de mayo, de modo que los jueces comunitarios aún tardarán varios meses en dictar sentencia y aclarar la situación.
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