El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, incidió ayer en el efecto que tendrá la aprobación de los Anteproyectos de Ley de Mediación y de Reforma de la Ley de Arbitraje para aliviar la sobrecarga de asuntos en los juzgados.
Durante el Pleno del Congreso de los Diputados y ante una pregunta planteada por Álvaro Cuesta, del Grupo Socialista, Caamaño explicó que con esos anteproyectos de ley se quiere "contribuir a un cambio de cultura jurídica, introduciendo por primera vez y con carácter general para el ámbito civil y mercantil, la institución de la mediación y potenciando el arbitraje para aliviar la carga de trabajo de los tribunales".
"En nuestro sistema de Justicia entraron el año pasado más de nueve millones de asuntos. Una cifra que ha venido creciendo de manera exponencial a lo largo de la última década. Si queremos una Administración de Justicia capaz de atender en tiempo las pretensiones de los ciudadanos, debemos buscar fórmulas que, como en otras democracias y sin menoscabo de derechos permitan la resolución complementaria de conflictos", afirmó.
Procedimiento rápido y sencillo
El ministro resaltó que el Anteproyecto de Ley de Mediación establece un procedimiento muy sencillo y rápido, dos meses, de bajo coste y libre de trabas burocráticas que, en caso de culminar con acuerdo, tiene el mismo valor jurídico que una sentencia.
También aclaró que, aunque la mediación es voluntaria, se exige intentarla en las reclamaciones de cantidad inferiores a 6.000 euros y prevé la posibilidad de una mediación por medios electrónicos para cantidades no superiores a los 300 euros.
Para ser mediador solo se exige tener una licenciatura o grado universitario, un seguro de responsabilidad civil e inscribirse en un registro a efectos informativos.
También para la Administración
En lo que afecta al Anteproyecto sobre Arbitraje señaló que persigue un doble cometido, en primer lugar refuerza la institución, haciéndola más atractiva, para lo que se amplía el perfil de los árbitros y se eleva a las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ el rango del Tribunal competente en la materia. Y, en segundo lugar, crea por primera vez en nuestro derecho, un arbitraje interadministrativo obligatorio en el seno de la Administración General del Estado, para que esas cuestiones no lleguen a los tribunales. De este modo, el Gobierno aplica a la Administración General del Estado la misma solución que quiere potenciar entre los ciudadanos.
Son dos iniciativas esperadas por el sector de la Justicia, y muy relevantes para los ciudadanos que "se verán enriquecidas, en su día, con las aportaciones de los grupos parlamentarios de esta Cámara", concluyó el ministro.
