La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha elaborado y remitido al Parlamento Europeo un informe en el que se pone de manifiesto los constantes ataques al poder e independencia judicial por parte de los políticos, algo que incluso se ha convertido en una cuestión estratégica.
Considera la Asociación que la situación ha variado sustancialmente en los dos últimos años. Este tipo de críticas se han intensificado y, lo que es más grave, se han desvinculado de decisiones judiciales concretas para extenderse al conjunto de los jueces, cuya imparcialidad y compromiso con los valores democráticos se ponen abiertamente en cuestión.
En otras ocasiones, se vincula una decisión judicial con un defecto estructural del sistema judicial en su conjunto, del que aquella decisión sería solo un ejemplo. No obstante, consideran que esta situación no afecta exclusivamente a España. En su último Informe Anual sobre el Estado de Derecho (2021 Rule of Law Report, European Commission), Bruselas señala que los ataques políticos contra el poder judicial y los intentos de minar la reputación de los jueces están presentes en algunos otros Estados miembros.
Descrédito social
Explica la AJVF en su informe, que la estrategia de deslegitimación del poder judicial supone desarrollar un argumentario compuesto por afirmaciones o consignas de descrédito social de los jueces y tribunales, la carrera judicial y la Justicia, basadas en prejuicios y cuya finalidad no es la sana crítica, sino someter a influencia y control la independencia judicial, mermando el Estado de Derecho y, con ello, la tutela judicial efectiva y la garantía de los derechos fundamentales.
En España existen actualmente varias vías que tienden a menoscabar la independencia judicial y así se ha puesto de manifiesto desde diferentes ámbitos profesionales . El control político del proceso de designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el nombramiento de cargos judiciales con amplios márgenes de discrecionalidad y el desapoderamiento legal de los jueces son algunas de ellas.
El discurso deslegitimador del poder judicial ataca los diversos cimientos que sustentan la legitimidad democrática de los jueces, al denunciar la falta de legitimidad democrática de los jueces.
Este es un argumento recurrente de los partidos políticos, especialmente para justificar que se mantenga un sistema de reparto de cuotas entre ellos en la designación de los vocales del CGPJ.
Sesgo ideológico
Otros argumentos son la supuesta politización de los jueces; su supuesto sesgo ideológico; la acusación a la carrera de sistema elitista de acceso a la judicatura, así como la falta de pluralidad y endogamia; las afirmaciones de que los jueces están "desconectados de la realidad" (estereotipos caricaturizantes). Y los supuestos vínculos entre jueces y los núcleos de poder económico y políticos corruptos.
De esta estrategia, concluye el informe, se derivan grandes riesgos, principalmente el de la pérdida de confianza de los ciudadanos.
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