La reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica entró este 3 de septiembre de 2021 en vigor, "una fecha histórica", en palabras del presidente del Comité de Representantes de las Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno.
La norma modifica ocho leyes estatales y beneficiará a 4,5 millones de personas pertenecientes al colectivo de la discapacidad aunque también se aplicará en casos de discapacidad sobrevenida, algo de lo que puede ser susceptible toda la población.
La norma elimina del ámbito de la discapacidad la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, figuras que, según detalla el texto, no responden al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad.
La institución de la curatela
Además, aborda la institución de la curatela, lo que obliga a modificar las leyes Hipotecaria y del Registro Civil; y se reforma la ley de Enjuiciamiento Civil en relación al ejercicio de las acciones de determinación o impugnación de la filiación, en los procedimientos de separación y divorcio y en el procedimiento para la división de la herencia. También la ley del Notariado y la Ley de Comercio se acomodan terminológicamente a estos cambios.
Así, la norma aprobada evita que todas las personas con discapacidad deban pasar por un juez cada vez que deseaban, por ejemplo, ir al banco, comprar una vivienda o hacer testamento. Ahora, deberán acudir al notario donde, con la ayuda de apoyo voluntario -familia, allegados- recibirán la información necesaria para tomar sus propias decisiones que quedarán acreditadas por el profesional de la notaría.
Solo se acudirá a la Justicia en casos excepcionales en los que, a pesar de la ayuda, sea imposible conocer la voluntad de la personas.
