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Los economistas reclaman una reforma fiscal que armonice, pero no elimine la competencia entre comunidades

  • Consideran imprescindible ordenar la imposición sobre la riqueza
Valentín Pich, presidente del Consejo de Economistas, y Luis del Amo, secretario técnico del Reaf. EE

El Consejo General de Economistas reclama una reforma fiscal que aporte liquidez al sistema económico y le dote de una mayor competitividad y que armonice la tributación, pero que permita una cierta competencia entre países y comunidades autónomas.

Según el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, "a la hora de hablar de la reforma fiscal, siempre se hace alusión a que la presión fiscal en España está entre 7 y 8 puntos del PIB por debajo de la media europea, por lo que algunos creen que cabría incrementarla".

A este respecto, Pich considera que "quizá esta menor presión fiscal no sea debida a que en nuestro país se paguen menos impuestos, sino a que, entre otras variables, el número de cotizantes es muy inferior al del resto de países de la UE, por lo que sería deseable que la reforma fiscal fuera encaminada a incentivar la actividad económica y la creación de empleo".

Pich ha explicado que a pesar de que consideran que nuestros impuestos troncales tienen un diseño similar al de los países de nuestro entorno, que "ya se viene haciendo un esfuerzo de reducción de beneficios fiscales y que los tipos impositivos que aplicamos son relativamente elevados, entienden que en el medio plazo es necesario emprender varias reformas, sobre todo las de la financiación autonómica y local, con la correlativa modificación de los tributos ligados a las mismas, poniendo orden en la tributación de la riqueza y en la tributación ambiental, además de seguir limitando los beneficios fiscales vigentes en la medida de lo posible".

Agustín Fernández, presidente del REAF ha presentado las propuestas sistema tributario recomendadas por el Reaf, que parten, según ha dicho de un escenario apocalíptico, con un déficit de casi el 11% del PIB en 2020, una deuda pública a punto de alcanzar el 120% del PIB el año pasado, y unas previsiones inciertas, con un cálculo de déficit para 2021 del 9%".

Ha considerado que "existe consenso en que ni en este año ni probablemente en el siguiente se podrá cerrar el agujero del sector público, pero también parece que estamos de acuerdo en que, en cuanto comience la recuperación, tendremos que consolidar nuestras finanzas públicas".

El Reaf destaca que habrá que hacer un esfuerzo de control y racionalización del gasto, pero parece que no hay mucha duda de que necesitamos tener unos ingresos fiscales suficientes y sostenidos en el tiempo. Y todo esto hay que enmarcarlo en la innegociable sostenibilidad medioambiental y en un mundo donde cada vez será más intensiva la digitalización, con el añadido de que en nuestro país y en los de nuestro entorno se está produciendo un paulatino envejecimiento de la población.

Armonización tributaria

Consideran precisa una cierta armonización de la fiscalidad de las grades corporaciones a nivel internacional, por lo que nuestro país debe de seguir trabajando en los foros de la OCDE y UE. Así, abogan por una reforma en el ámbito internacional, destacando que ya hay iniciativas en marcha en la UE porque el cambio climático o la contaminación de los océanos no tiene fronteras- y de nuestros tributos internos, así como reorganizar y modificar la fiscalidad de los vehículos.

En el IVA se deben reducir los beneficios fiscales que se establecen a través de los tipos reducidos y superreducidos, como se insiste una y otra vez desde diferentes organismos internacionales

Los grandes impuestos directos como son el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades son homologables con los países de nuestro entorno, pero dicen que se debería intentar hacerlos aún más sencillos y reducir al máximo todo tipo de reducciones, deducciones o bonificaciones especiales. Además, se requiere una reorganización de la tributación de la riqueza, lo que atañe, por lo menos, al IRPF, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e IBI.

Apuntan la necesidad de eliminar o reformar hechos imponibles obsoletos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y, en especial, de la modalidad Actos Jurídicos Documentados.

Señalan que es indispensable revisar el sistema de financiación autonómica por multitud de razones mil veces repetidas: data de 2009 y se tenía que haber revisado hace siete años, no es transparente, parece que crea discriminaciones poco explicables, etc.

Consideran conveniente armonizar las tasas sobre determinados servicios y emprender la reforma de los tributos locales, por ejemplo, solucionando de una vez los problemas que arrastra el IIVTNU –a raíz de la declaración parcial de inconstitucionalidad- o el IAE –con graves distorsiones por su deficiente equidad horizontal-

Y creen que debería darse un impulso a la erradicación del fraude por la vía digital para solucionar el problema de la excesiva litigiosidad y retraso en la resolución de los conflictos fiscales, Fernández propuso "dotar de más medios a los Tribunales Económico-Administrativos y establecer sistemas de mediación para resolver determinados procedimientos de revisión.

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